A los pocos meses de iniciarse el mandato, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete decidió contratar a una empresa para hacer un estudio socioeconómico y de exclusión social en la ciudad de Albacete porque "al parecer era muy necesario para poder diseñar programas y planificar acciones desde el Ayuntamiento", indicaron desde el Grupo Municipal de Unidas Podemos, recordando que "esta necesidad no fue compartida entonces" por esta formación política, porque "este grupo considera que la realidad socioeconómica de esta ciudad, de la exclusión social y de los colectivos vulnerables se conoce perfectamente gracias a la labor que llevan a cabo las trabajadoras y trabajadores del servicio de Acción Social de este Ayuntamiento, y sobre todo de quienes están en los centros de base en los barrios".

Por lo tanto, "contratar a una empresa y pagarle 63.000 euros para la recogida de datos y realización de un diagnóstico, en ningún momento nos pareció que fuera un requisito indispensable para poder diseñar y enfocar las políticas de atención a las personas que lleva a cabo este Ayuntamiento", continuaron señalando desde Unidas Podemos.

Además, indicaron que "el tiempo nos ha dado la razón porque el informe no se ha hecho y no creemos que por ello se hayan dejado de tomar medidas o impulsar acciones tanto para atender a quienes lo necesitan como para prevenir situaciones de exclusión social".

Debido a los incumplimientos de la empresa, el Ayuntamiento ha rescindido el contrato. Al final, "este contrato sólo ha servido para generar más trabajo en el Ayuntamiento al tener que abrir un expediente para exigir el cumplimiento, imponer penalidades y finalmente resolverlo", resaltó Unidas Podemos.

A lo largo de este mandato, "hemos visto como el equipo de Gobierno ha sido muy partidario de la externalización de contratos, cuando desde Unidas Podemos llevamos años insistiendo en que lo que hay que hacer es atender las necesidades de plantilla que hay en los servicios. Por mucha externalización de contratos que se haga, al final, los servicios promotores tienen que ser quienes supervisen".