El próximo curso nos depara la puesta en marcha de una nueva ley orgánica de educación. Si las cuentas no me fallan, creo que es la séptima que me toca padecer en mi carrera docente. Con un poco de suerte, será también la última. No hay gobierno que no aproveche su llegada al poder para sacarse una ley de educación de la chistera, y estoy convencido de que si de las próximas Elecciones Generales surge un relevo en el gobierno de España, habrá nueva ley de educación al canto. La única duda será el nombre, porque las iniciales solo se pueden combinar hasta ciertos límites. En cualquier caso, los cambios seguirán siendo formales, mientras que las tendencias se mantendrán intactas. Cuando hablo de tendencias me refiero, sobre todo, a la urgencia política de maquillar el fracaso escolar a golpe de decreto. Si los alumnos suspenden, ¿para qué hacerles repetir materias o cursos cuando es mucho más sencillo abaratar las titulaciones? Otras medidas tendrían un coste económico (contratar más profesores, mejorar los medios) y político (padres cabreados porque sus hijos suspenden), lo que constituye un auténtico veneno electoral. Si les soy sincero, después de 35 años como profesional de la enseñanza, empiezo a ver todo esto con mucho escepticismo. Me ocurre como a la gente que sufre un dolor crónico y con el tiempo empieza a notarlo de una forma indirecta, como amortiguado por la costumbre. Solo hay un detalle que me sigue doliendo como el primer día. De hecho, me duele más que el primer día, porque ha ido en aumento. Me refiero a la indiferencia de los alumnos, a la falta de interés de la mayoría hacia lo que los profesores intentamos compartir con ellos, ya sea el conocimiento de una lengua extranjera o las expresiones algebraicas. Lástima que la indiferencia no se pueda combatir a fuerza de ley orgánica, igual que ocurre con el aburrimiento, la infelicidad o la falta de vitamina C.