El Gobierno anunciaba esta semana, durante la presentación del grueso de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la mayor subida de la historia de las pensiones para el próximo ejercicio, un repunte que se sitúa en el 8,5% y cuyo desembolso estaría cercano a los 17.000 millones de euros. La medida, justificada por el Ejecutivo en paliar los efectos de una inflación disparada y garantizar el poder adquisitivo de este sector de la población, ha abierto un profundo debate, sobre todo en lo que se refiere a las prestaciones más altas y en la comparativa que se hace con el mercado laboral y, más concretamente, con el salario medio que cobran los más jóvenes. 

El Banco de España cuestionó la medida, advirtiendo que no es el mejor momento para llevarla a cabo, teniendo en cuenta que las previsiones económicas para 2023 reflejan una desaceleración del PIB y reclamaba prudencia ante un escenario de incertidumbre, derivado por la inestabilidad que genera la invasión rusa de Ucrania, con unos precios de la energía muy elevados y la sombra de una crisis de suministro que cada día es más alargada. En este mismo contexto, los partidos políticos de la oposición mostraron su desacuerdo, acusando al Gobierno de coalición y, más en concreto, a Pedro Sánchez, de sufragar su campaña electoral con estas dádivas entre los 10 millones de pensionistas que hay en España. En este sentido, algunas voces del PP habrían planteado una subida progresiva, dependiendo del tipo de la prestación que se reciba. Están de acuerdo en incrementar ese 8,5% a las más bajas, pero abogan por aplicar un menor porcentaje a los tramos más altos. Génova desmintió que esta fuera la postura oficial y abogó por respetar el Pacto de Toledo. Las pensiones de mayor cuantía, que absorben prácticamente la subida total de las prestaciones que se pretende llevar a cabo con su vinculación al IPC, ya superarían la barrera de los 3.000 euros; una cifra más que relevante, de la que estarían cerca de beneficiarse unos 360.000 ciudadanos.

De la misma manera, Ciudadanos aboga por otra opción, que ya se está aplicando en otros países, como es el caso de Noruega, que es la de vincular la subida a los pensionistas con el repunte de los salarios de los más jóvenes, con el objetivo de que la brecha entre generaciones, muy acentuada en España, se reduzca de manera considerable.

La realidad es que la sostenibilidad del sistema público de pensiones es incierta, más aún teniendo en cuenta la pirámide poblacional de un país que en pocos años tendrá que hacer frente a las prestaciones de la generación del denominado 'baby boom'. Hoy es más necesaria que nunca una reflexión y el impulso de un acuerdo de Estado que garantice el poder adquisitivo de los jubilados, pero que, al mismo tiempo, permita la viabilidad de un sistema en el futuro que hoy parece abocado a su merma o a su desaparición.