Parece que de repente al Gobierno de Pedro Sánchez le entró la borrachera por legislar antes de que se acerquen más las dos citas electorales de ese 2023 que ya llama a la puerta. Lo hizo por necesidad, ya que sus socios de Gobierno también quieren dejarse notar si aspiran a cosechar buenos resultados entre su parroquia. Así, asistimos a tres leyes aberrantes, aparte de las reformas del Código Penal y de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y es que la Ley Trans echa por tierra buena parte de los logros de las mujeres en materia de igualdad, la Ley del sí es sí permite la rebaja de penas de delincuentes sexuales, cuando no su puesta en libertad, y la Ley de Bienestar Animal supondrá un revés sin igual al mundo rural, el mismo que está abandonado por las Administraciones públicas.
Esta última ley da un zarpazo a los modos de vida de los ciudadanos más desfavorecidos del país y su aprobación en el Congreso demoniza al mundo de la caza, hasta tal punto que incluso prohíbe la realización de reportajes y programas cinegéticos. El desvarío del Gobierno parte, como en las otras dos leyes comentadas, de las iniciativas de ministros de Unidas Podemos, quienes redactan las leyes desde postulados ideológicos extremos, sin tener en cuenta la realidad que los ciudadanos viven en el día a día y sin pensar en las consecuencias que generarán los nuevos textos legales.
Estoy en contra del maltrato animal, como la mayoría, pero de ahí a obligar a que los propietarios de animales en el medio rural tengan un veterinario las 24 horas del día va un abismo. Si la mayoría de los municipios de España no tienen un médico, ¿cómo van a tener un veterinario? Tratar a todos los animales como si fueran de compañía es un error monumental. Nos jugamos mucho y parece que los afectados no se dan cuenta de la que se nos viene encima.