Después de décadas de una cultura racionalista, hoy se tiende a resaltar lo emocional, que en su justo modo y medida es positivo dada la importancia de los sentimientos pues en la vida no basta con conocer el bien y el mal, sino que hay que desearlos o despreciarlos respectivamente. La emoción contribuye a la eficacia de la acción, pero cuando al sentimiento no lo guía la razón, se convierte en sentimentalismo que es un exceso de emociones falsas y sensibleras. Este desequilibrio y mal uso lo utilizan aquellos gobiernos que -según Lacroix- no buscan hacer política con emoción, sino hacer política de la emoción.
Somos un pueblo inestable más sentimental que racional, rebelde unos días y sumiso en otros y capaz tanto de gestas como vilezas. De este fondo racial, los dirigentes riegan las semillas que les producirán provecho, entre otras es de actualidad el espíritu de discordia. En el ominoso septenio que abrió el atentado del 11-M la política del Gobierno consistió en reavivar las disensiones y torpedear el consenso pacífico de la transición. Como si fuera inextinguible, en España hay actualmente un rescoldo de enfrentamiento que va más allá del terreno político y se expande en el racial, sexual, regional, educativo, lingüístico, etc.
En el escenario político estos años han aparecido dos palabras de contenido puramente emocional con las que el Gobierno trata de sacar pecho y desacreditar a la oposición. Son ‘odio’ y ‘fobia’, que se aplican en muchas ocasiones sin conocer bien su significado.
El odio es ‘antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea’. El odio es un sentimiento y por tanto es libre y personal y no se podría penalizar. Fobia es ‘aversión y temor desproporcionado hacia algo o alguien’, pero es un sentimiento enfermizo que padece únicamente quien la siente, como sucede con la envidia. Por ejemplo, la ‘homofobia’ no encierra ninguna acción lesiva hacia los gay si no se materializa en agresiones físicas o verbales que constituirían un delito.
Sin embargo, el Código Penal en su artículo 510 se arriesga a penalizar sentimientos en un texto incongruente pues como no puede castigar a quienes odian, penaliza a «quien, públicamente, fomente, promueva o incite al odio […]».  ¿Si odiar no es delito por qué se castiga a quien incita al odio? Un ciudadano puede aborrecer hasta la náusea al presidente del Gobierno, pero carece de su sagrada libertad para expresarlo, ni en su comunidad de vecinos.
Los destinatarios del odio popular son los asesinos, los okupas, los separatistas, los violadores, los corruptos y los políticos, pero para el sexo se han creado dos colectivos virtuales, uno de odiados (sin otra consistencia grupal que ‘la diferencia’ y metiendo juntas opciones diversas) y otro de odiadores (atribuido a la derecha radical, como si negara la libertad sexual). Me pregunto para terminar: ¿qué hace el Gobierno, enalteciendo a los asesinos de ETA?
Aunque esté en mi derecho, no pienso odiar a los tipos que nos gobiernan porque no quiero ni devaluar mis sentimientos ni idealizarlos a ellos ni atarme pasionalmente al odiado. Y por la razón práctica de que quien odia a otra persona pierde la objetividad para comprenderla.