Las islas españolas de Chafarinas, frente a las costas mediterráneas de Marruecos, se han convertido en una nueva barrera para los inmigrantes que intentan llegar a Europa a través de ellas. El Ministerio del Interior niega que haya habido cambios, pero varias ONG denuncian que quienes quieren entrar en territorio español desde el norte de África por allí son devueltos directamente a suelo magrebí.

Nada más comenzar el año, el Defensor del Pueblo avisó al Gobierno contra la expulsión de personas sin respetar la legislación nacional e internacional de extranjería, que impide entregar a otro país a individuos susceptibles de solicitar protección internacional. Esta advertencia se produjo tras la llegada a la isla del Congreso (la mayor del archipiélago) de varios grupos de sin papeles -entre ellos algunos que afirmaron ser de origen sirio-, que tenían intención de pedir protección y que, según el Defensor, «podrían haber sido devueltos a Marruecos».

Fuentes de Interior aseguran que «no ha habido ni habrá expulsiones en caliente» (inmediatas) desde Chafarinas; niegan «cambios» en el procedimiento ante desembarcos de inmigrantes en el archipiélago, y sostienen que «no existe constancia de la llegada de indocumentados a los islotes».

Sin embargo, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) mantienen que tienen constancia de varios desembarcos y denuncian que, desde 2020, ha variado la forma de actuar de los efectivos: en vez de llevar a los individuos hasta Melilla, los entregan directamente a las patrulleras marroquíes para su retorno. 

Hasta 2019, cuando había un desembarco en Chafarinas, la Guardia Civil los trasladaba a la Ciudad Autónoma, donde se procedía a su identificación, con asistencia letrada e intérprete. Quien quería pedir protección internacional, se quedaba en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla mientras se tramitaba la solicitud.

Pero lo que eran desembarcos accidentales, explica el responsable de la sección Frontera Sur del SJM, Josep Buades, en 2020 empezaron a ser más regulares, con más mujeres -a las que se da tratamiento como potenciales víctimas de trata, con lo que se evita su devolución- y más subsaharianos procedentes de territorios en conflicto que solicitaban asilo.

Según los jesuitas, ante la posibilidad de que Chafarinas se convirtiera en una ruta habitual de entrada a España, Madrid «negoció muy rápidamente» con Rabat «un procedimiento mucho más expeditivo» para que el territorio magrebí realice las labores de salvamento y vigilancia marítima. 

De ese modo, si alguna embarcación se dirige a los islotes españoles, la Marina marroquí la intercepta y, si ya ha desembarcado, la Guardia Civil española «espera a las autoridades del reino alauita y se los entrega directamente», detalla Buades.

Cabo de agua

Omar Nadi, portavoz de la AMDH en Nador , también relata que «antes los enviaban a Melilla, pero en 2021 todos han sido retornados a Marruecos», al punto más cercano de la costa, el Cabo del Agua, donde los dejan libres a su suerte puesto que allí no se les persigue penalmente.

«Cuando nos llaman desde Chafarinas interponemos un recurso contencioso-administrativo solicitando la suspensión cautelarísima de la devolución. Argumentamos que, tal y como la están practicando, no sigue el procedimiento que establecen la ley y el reglamento (españoles) de extranjería», señala. 

El jesuita Buades censura que es «una actuación ilegal de la Administración». Según entiende, no pueden ampararse en un «rechazo en frontera», como en Ceuta y Melilla, porque «las Chafarinas, igual que las otras plazas menores de soberanía española (peñones e islotes), no forman parte del territorio de estas dos Ciudades Autónomas, sino que dependen directamente del Gobierno».

Esta ONG tiene muy claro que el objetivo de España es «evitar que se consolide» esta ruta de entrada, e intuye que la motivación política de Marruecos «es un intento de ejercer soberanía donde no la tiene», en las Chafarinas, solo habitadas por militares españoles.

En 2021, llegaron de manera irregular a España por mar 39.835 personas (41 más que en el año anterior), según los datos oficiales. La mayor parte accedieron al territorio peninsular y las islas Baleares: 16.991, un 2,6 por ciento más que en 2020, y el resto alcanzaron las islas atlánticas de Canarias.