Tan solo 24 horas antes de que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se vea hoy en Bruselas con la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, para abordar la propuesta presentada por España y Portugal para abaratar la factura de la luz, los operadores de los dos países advirtieron ayer de los «importantes y relevantes impactos» que pueden ocasionar en los mercados a plazos de derivados ya contratados la denominada excepción ibérica para limitar a 30 euros el megavatio hora (MWh) el precio del gas que se utiliza para generar electricidad.
En una misiva remitida a las secretarías de Estado de Energía de España y Portugal, así como a los supervisores bursátiles de cada país y al comité técnico del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel), alertan de que «la potencial intervención del mercado no alineada con el resto de la UE originará un fuerte riesgo regulatorio, comprometiendo la necesaria credibilidad del proceso de formación de precios». «La ausencia de un régimen regulatorio claro, inequívoco e incuestionable de determinación de la tarifa y con un período de aplicación limitado, provocaría una gran inseguridad y riesgo jurídico, en especial en lo que respecta a todos los contratos de derivados ya transaccionados», añaden.
Y es que las compañías cubren la volatilidad de los precios de la electricidad por medio de contratos de cobertura en los mercados a futuro, cuyas tarifas se establecen de acuerdo a las de las subastas diarias y de los mercados al contado.
Así, una distorsión en la factura a través de la fijación de un tope llevaría a distorsionar también esos contratos derivados, según los operadores, cuyas estimaciones señalan que unos 160 teravatios hora (TWh) están expuestos a posiciones financieras en el mercado ibérico, lo que representa una cantidad importante, ya que supone algo más del 60% estimado del consumo en un año en España, que asciende a unos 260 TWh anuales.
Así, los firmantes de la misiva defienden que, si se opta por ese límite al precio del gas, sea una medida adoptada de forma conjunta por todos los miembros de la UE, y no solamente que afecte a España y Portugal, o que la norma que vea la luz fije, «por seguridad jurídica y económico-financiera», el precio de referencia del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), que servirá de subyacente para todos los contratos de derivados de electricidad en el mercado de España y Portugal.
No obstante, reconocen la conveniencia de que los gobiernos «busquen soluciones» ante una coyuntura como la actual, marcada por la necesidad de acelerar la transición energética en un contexto de tensiones geopolíticas, especialmente tras el estallido del conflicto bélico de Ucrania, y de volatilidad de precios, que han llevado a una escalada imparable en el precio del gas en todo el mundo, pero particularmente en Europa.
Ello, subrayan, ha impactado también en el mercado eléctrico, con una «escalada en los precios en el último año sin precedentes, generando graves dificultades económicas en el tejido empresarial ibérico, en la capacidad y propensión de los hogares a consumir energía y un fuerte malestar social».
Pendiente
Habrá que ver hasta qué punto la presión de las multinacionales influye en Bruselas, donde hoy defenderá el plan hispanoluso la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. Conviene recordar que los dos países arrancaron de la Unión una excepción ibérica para bajar el precio de la luz. No obstante, la propuesta, desde que fue remitida, sigue sin recibir un visto bueno de Bruselas, que ha encontrado reticencias técnicas ante la posibilidad de que pueda generar distorsiones en el mercado comunitario.