Cuando un asunto supera los parámetros que se pueden considerar asumibles con los recursos existentes, se hace necesario aumentar el compromiso de las administraciones, porque la problemática se multiplica, mediante la creación de órganos y servicios adecuados, lo que impone asignación de presupuesto y personal suficiente. 

Hay suspicacias sobre la valoración del interés que se demuestra para paliarlos o resolverlos, pero, incluso, con vocación estética o estratégica, la apuesta de los que detentan el poder es determinante. A pesar de reconocer que las previsiones constitucionales deja muy clara la protección de una serie de derechos fundamentales, como el artículo catorce, por ejemplo, recordando que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, no se puede ocultar las deficiencias legales que ponen en duda la sinceridad gubernamental a la hora de promulgar leyes vinculadas con esa suprema imposición.  No faltan normas que sujetan las ofensas al ejercicio contra la igualdad de todos, aun así, por distintas razones más o menos justificadas, tenemos un Ministerio de la Igualdad.

 Entre sus decisiones más innovadoras, muchos ciudadanos están soportando con dolor la deriva discriminatoria emanada de lo que suelen considerar una estructura administrativa que ataca, precisamente, lo que debería ser igualdad real y legal.

Siempre han existido sospechas de una falta evidente de honradez por parte de algunos de nuestros representantes políticos, que suelen protagonizar auténticos delitos faltando a lo que debería ser una ejemplar actitud en las funciones que les otorgan las normas éticas y reglamentarias. Los corruptos se han adaptado con inusitada facilidad al hábitat oficial reproduciéndose con promiscua desvergüenza.

Los hay que opinan sobre la necesidad de que se instaure el Día Internacional del Corrupto, como existe ya un Día Internacional del Chorizo, pero el embutido, no los otros. 

Algún que otro indecente es defendido por una corte de secuaces que, sin ocultarlo, amenazan con monitorizar todo lo que pueda considerarse falsas noticias sobre la acción de gobierno.

No hay reparos en reconocer que la proliferación de bulos exige un órgano de control, que supervise e inactive a los que osen propagar datos, llamados new fake, aunque tengan más razón que un santo, con perdón.

 Tampoco se esconden imponiendo sus directrices en los medios de comunicación que dependen directamente de los poderes públicos o esos que se dejan sobornar para seguir el discurso oficial sobre cualquier noticia verídica, eso tan antiguo de que la verdad no solape una adecuada manipulación.Habría que ser más exigentes con los que insultan o calumnian aprovechándose de intermediarios mediáticos o lanzando ofensas con publicidad. Esas descalificaciones concretas, que atentan contra el honor, dignidad y honradez, están previstas en la normativa penal y civil. Se admite como crítica denunciar comportamientos, pero no calificar con insultos a las personas, por mucho que se distingan en la parafernalia política. 

Y en ese galimatías en el que vivimos inmersos, donde determinados medios de comunicación se erigen en directores de la escena propagandística, habrá que admitir la capacidad de mostrar errores, incongruencias, incompetencias o delitos de quienes detentan el poder, hasta el punto de colaborar para que los corruptos y mentirosos se enfrenten a las consecuencias punitivas de sus desmanes.

Pero los que no admiten control ni crítica se protegen mediante el reparto de funciones para desactivar la vigilancia legítima y llegan a crear un entramado legal o clientelar para impedirlo.

George Orwell, después de conocer las andanzas de intransigentes, sectarios y excluyentes europeos, en los años cuarenta, cuando escribió sus novelas distópicas, en una de ellas, titulada 1984, hablaba del Ministerio de la Verdad.

Muchos ciudadanos están convencidos de que en España se está estructurando lo que se puede llamar el Ministerio de la Mentira, que viene a ser lo mismo.