Dentro de dos meses, en mayo, comenzará el ciclo anual de las grandes campañas agrícolas en Albacete y con ellas llegarán los temporeros, trabajadores indispensables para la recogida de las cosechas. Antes de que lleguen, hay mucho que preparar para conseguir que su labor se desarrolle en unas condiciones dignas y uno de los principales responsables de que esto se cumpla es el subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Juan Espinosa.

¿Qué esperan las autoridades para las campañas de este año 2021?

Esperamos una campaña que tenga un desarrollo muy similar a las de años anteriores. Vamos a empezar con las cebollas, las patatas y los ajos y seguiremos con el calendario habitual, es decir, frutas de árbol, uvas, almendras... para terminar en diciembre con las aceitunas. Pero en relación a las personas, en este aspecto habrá una diferencia muy significativa, ya que desde el pasado verano, se ha producido una importante novedad, la desaparición de la llamada ‘Casa Grande’, el par de grandes asentamientos cercanos a la carretera de Peñas, las antiguas naves industriales donde vivían alrededor de 500 personas. Hace dos años, Balazote aprobó la primera normativa local sobre viviendas para temporeros. Desde entonces, otros ayuntamientos, entre ellos Albacete, han seguido esta iniciativa.

¿Podemos hacer ya un balance de su eficacia?

Así es, Balazote fue el primer municipio en aprobar una normativa de este tipo, en febrero de 2019. Esta ordenanza marcó el inicio de un proceso similar en varios otros ayuntamientos de nuestra provincia, porque es muy detallada y completa. Así, otros ayuntamientos la tomaron como una guía, un ejemplo a seguir: Pozo Lorente, Casas de Juan Núñez, Villalgordo del Júcar, Barrax y ahora mismo, Albacete. Además, en este proceso han contado con el apoyo y el asesoramiento de esta Subdelegación del Gobierno, para poner en marcha unas normativas muy detalladas y muy restrictivas que dotan a los ayuntamientos de un marco legal que les permite regular y controlar las condiciones básicas de la vivienda para ofrecer residencias dignas a estos trabajadores que van a permanecer en estas localidades durante las correspondientes campañas agrícolas.

¿Pero son eficaces o no?

Citando al alcalde de Balazote, las ordenanzas municipales sobre el alojamiento de temporeros ya son «tremendamente eficaces» para garantizar mejores condiciones a estos trabajadores. Había una tradición de utilizar cualquier tipo de edificio o estructura para ubicar a estas personas, pero en la actualidad esto es sencillamente imposible por dos razones: en primer lugar, porque son personas como todos nosotros y tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador de cualquier otro sector; en segundo lugar, porque nuestra legislación dice que hay que garantizar las condiciones de la vivienda para obtener un permiso de trabajo. Así que con esta normativa se ha conseguido el objetivo de dar unas condiciones de vivienda dignas a los trabajadores que tienen un contrato legal que les permite participar en nuestras campañas agrícolas. Hasta hoy, estas ordenanzas han sido diseñadas, aprobadas y aplicadas en pequeñas localidades, pero ahora nos enfrentamos al reto de hacer una normativa que se aplique en la ciudad más grande de Castilla-La Mancha, Albacete.

¿Implica esta circunstancia que hay que adaptar el texto original o no? Y si la respuesta es sí, ¿en qué grado hay que cambiarlo?

Estrictamente, esta pregunta debería responderla el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete. Pero es evidente que las circunstancias de Balazote y Albacete son muy diferentes. Balazote recibe un gran número de trabajadores sólo durante un periodo de tiempo muy concreto del año, que es la campaña del ajo; en cambio, Albacete recibe trabajadores que vienen aquí a participar en varias campañas consecutivas y no sólo en nuestra provincia, sino en las colindantes, debido a la ubicación y buenas comunicaciones del municipio. Curiosamente, algo muy parecido ocurre en Casas de Juan Núñez, un pequeño término sin grandes campañas agrícolas pero con una buena ubicación que lo convierte en un lugar muy interesante para los temporeros.

¿Es la única diferencia?

Hay otra una muy evidente, el tamaño y en relación al tamaño, los recursos de los que puedes disponer. Una ciudad grande tiene recursos que no son muy comunes en los pueblos pequeños; por ejemplo, en Albacete, los temporeros que cuentan con un contrato legal en vigor van a tener la opción de alojarse en el Centro de Transeúntes.

Pero este Centro tiene un número limitado de plazas, ¿no? ¿Hay otras opciones sobre la mesa?

Sí, en la última reunión con el Ayuntamiento de Albacete, el alcalde indicó que se va tratar con la Gerencia de Urbanismo la posibilidad de permitir la utilización de naves donde se puedan alojar a estas personas, por supuesto previo cumplimiento y comprobación de una serie de condiciones por parte de las autoridades, esto es, de limpieza e higiene, de dotaciones, de servicios, de seguridad, que garanticen una perfecta habitabilidad. Estas naves pueden estar en principio en terreno rústico y con los instrumentos de planeamiento adecuados podrían dar respuesta a una necesidad de alojamiento durante un período muy determinado de tiempo.

Por cierto, ¿sabemos cuántos trabajadores temporeros pasan por Albacete en un año, aunque sea de forma aproximada?

Pues lo cierto es que no se puede dar una cifra, es imposible saberlo. Por ejemplo, cuando comenzamos a contar las personas que había en las naves de la Carretera de Las Peñas, la cifra que nos salió fue de 502 pero de esas 502 personas no sabemos cuántas tenían un contrato de trabajo. Sí sabemos que gracias al trabajo que hizo Comisiones Obreras para explicarles a estas personas a qué tenían derecho durante el período que estuvieron en confinamiento, un grupo de unas 50 personas presentó un contrato de trabajo en vigor pero aquí hay que puntualizar una cosa y es que eso no significa que los 402 restantes fuesen irregulares, solo que en ese momento exacto no tenían contrato en vigor, porque se les contrata por campaña, por semanas e incluso por días, esto es, que hoy no tengan contrato no quiere decir que no lo tengan justo mañana, o que no lo tuviesen ayer.

Entiendo que este problema dificulta mucho censar a este colectivo de trabajadores.

Sí, y más aún cuando se combina con otros, como la movilidad a la que me refería antes. Muchos de ellos eligen la provincia de Albacete porque está muy bien comunicada, y te encuentras personas que residen aquí pero que no solo pueden trabajar aquí, también lo hacen en Murcia, Andalucía o la Comunidad Valenciana. O al revés, te puedes encontrar trabajadores que están en una explotación de Albacete pero que residen de forma habitual en una de las provincias vecinas.

¿Entonces como se pueden supervisar de forma adecuada sus condiciones de trabajo?

En breves fechas, vamos a tener una reunión con la Inspección de Trabajo, la Guardia Civil y Policía Nacional para preparar un calendario de actuaciones para comprobar a lo largo de los próximos meses que los trabajadores tienen su contrato correcto y en vigor, que las condiciones sobre el terreno son las que marca la ley y que tanto el trabajador como el empresario cumplen a rajatabla. Y tengo que decir que desde hace ya unos años se detecta una mayor concienciación por ambas partes y los casos van a la baja, a pesar de lo llamativo de algunas situaciones.

Cuando, pese a estos controles, surge algún problema, tanto desde la parte laboral como de la empresarial se cargan las tintas con las ETT, con los intermediarios... ¿dónde está realmente el problema?

Por lo que vemos, los problemas se dan más con los intermediarios que con las ETT, éstas tienen el mismo interés que las demás partes en que todo se haga bien. En la última reunión que tuvimos, esta misma semana, estuvieron ayuntamientos, Inspección de Trabajo, fuerzas de seguridad, empresarios, sindicatos y las ETT que tienen una fuerte presencia en el sector, que son un pequeño grupo. Lo cierto es que se notó que unos se necesitan los unos a los otros, y nos consta que las ETT cumplen. Otra cosa son los intermediarios, sobre los que ya estamos trabajando. El intermediario provee de trabajadores al empresario, y lo cierto es que no siempre cumple; con esta figura es donde nos aparecen problemas con la documentación, problemas de identidad, diferencias entre lo que paga el empresario y lo que percibe el trabajador, o entre las condiciones que ofrece el empresaahora el acento lo estamos poniendo precisamente en estas personas que cometen un fraude de ley y se aprovechan de los trabajadores.

¿Se han solventado los problemas a la hora de decidir quién debe identificar al trabajador, si el empresario o las autoridades?

Ésta fue una de las primeras cuestiones que traté, nada más llegar al cargo, en una reunión con Inspección de Trabajo, servicios de empleo, organizaciones agrarias, ETT y hasta gestorías. El criterio de la Inspección de Trabajo es claro, en última instancia, la responsabilidad recae en el contratante, que es el empresario. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que el empresario no siempre tiene los medios para comprobar una identidad; no es que sea imposible pero, a veces, puede llegar a ser muy complicado. No obstante, hay que decir que el empresario cuando hace una contratación a través de una ETT o de una gestoría lo que también hace es delegar la responsabilidad de verificar la información en las empresas o profesionales que le ponen en contacto con el trabajador, pues tienen la obligación de hacer la contratación en regla.