«Han dado un ejemplo al resto de España: poner la racionalidad por encima de la emocionalidad», la frase de Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, es, tal vez, la que mejor resume el proceso de fusión aprobado el pasado domingo por los municipios pacenses de Don Benito y Villanueva de la Serena. La votación fue más ajustada de lo que se preveía. Para activar esta boda de conveniencia era necesario que el respaldo superase el 66 por ciento en los dos municipios, porcentaje que se logró de forma holgada en Villanueva, donde el apoyo fue del 90,49 por ciento, mientras que en Don Benito pasó el corte por los pelos con un exiguo 66,27 por ciento.

Lo que sí está claro es que este no es un matrimonio por amor. Más bien al contrario: el paso por el altar esconde un buen puñado de beneficios de carácter estrictamente económico. Y ahí sí que hay consenso: en este caso la unión hace la fuerza. ¿Perder identidad o ganar en músculo económico? El interrogante se resolvió al apostar de una manera clara por la segunda opción.

El nuevo municipio (cuyo nombre aún debe ser acordado pues lo que no se fusionará es la nomenclatura de ambos) emerge de este proceso como la tercera población más grande de Extremadura, al sumar casi 63.000 habitantes. Tendría sólo menos vecinos que Badajoz y Cáceres pero se colocaría por encima de Mérida. A nivel económico, sería también la tercera ciudad extremeña en el ranking del PIB por habitante. Y no quedan ahí los beneficios económicos, pues pasaría a ser el primer polo económico en agricultura y ganadería, agrupando casi el 20 por ciento del territorio extremeño y en el sector industrial sumando algo más del ocho por ciento.

El área urbana funcional de Don Benito-Villanueva se convertirá en el futuro en el segundo polo económico de la provincia de Badajoz, con un 11,2 por ciento del Valor Agregado Bruto (VAB) provincial. Sería también el primer polo económico a nivel regional en el sector de la agricultura y la ganadería, con un 19,7 por ciento del VAB, y primer polo económico a nivel extremeño en el sector industrial, con un 8,1 por ciento del VAB.

 Además, se ha calculado que ambas recibirían un 14 por ciento más de inversiones por su incremento sustancial en el número de habitantes.

Aún hay más. Un estudio de la Universidad de Extremadura revela que la renta de los hogares se incrementaría un 2,75 por ciento, la población universitaria un cinco por ciento y el empleo también aumentaría de una forma importante. Al menos, sobre el papel.

Esta fusión abre la puerta incluso a llegar a tener Universidad. El presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara, explicó que «la enseñanza va a una velocidad de vértigo, y ahora es perfectamente posible tener enseñanzas superiores en distintas ciudades. Habrá que plantearlo en un futuro, pero está más cerca tras la fusión».

Requisitos legales

El camino que ahora comienzan a recorrer de la mano Don Benito y Villanueva de la Serena no es nuevo pero sí poco frecuentado. Desde, la llegada de la democracia solo se ha dado en cuatro ocasiones: una en Burgos, dos en Galicia y ahora en Extremadura. Los requisitos para activar una concentración de estas características están recogidos en la Ley de Bases de Régimen Local, tanto en su articulado de 1985 como en los añadidos que se introdujeron en 2013, es la que sirve de guía legal para las modificaciones municipales. La segregación puede darse en dos supuestos. La primera por agregación o bien anexión para lo que se establecen dos supuestos: por fusión de dos o más municipios limítrofes (el caso pacense) o también por incorporación de uno o más municipios a otro u otros limítrofes.

La segunda se establece por segregación y también puede presentar dos modalidades: bien por segregación de parte del territorio de uno o varios municipios para constituir otro independiente o bien por segregación de parte del territorio de un municipio para agregarlo a otro limítrofe.

Además, la creación de nuevos municipios solo puede realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados.

La legislación contempla asimismo que atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales el Estado, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar procesos de fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales.

La ley también fija que toda operación de esta índole no podrá suponer, en ningún caso, una modificación de los límites provinciales.