Lo menos que puede decirse es que la semana que concluye no ha sido la mejor que recuerda Felipe VI, un Rey a quien las encuestas muestran como un jefe del Estado querido y sobre cuya honradez pocas dudas pueden albergarse. Pero cuando, este viernes, la fiscal general del Estado acudió a la Zarzuela para entregar la Memoria anual de la Fiscalía, la tormenta perfecta se abatía no solo sobre las zonas devastadas por la DANA, depresión atmosférica que ha devastado Levante y otras zonas españolas, no; una gran tormenta (esta, política) se situaba peligrosamente sobre la Casa del Rey, incapaz de solucionar a través de la comunicación el que va a convertirse en problema número uno para un país en el que problemas no faltan: un problema enunciado como 'el futuro de Juan Carlos I'. ¿Qué hacemos con Juan Carlos I?

Cuando, el pasado 3 de agosto, día en el que coincidía la 'conmemoración' de la salida del llamado emérito a Abu Dhabi, se entrevistaban en Marivent Felipe VI y Pedro Sánchez, esta tormenta ya se barruntaba sobre las sienes del a mi juicio mejor Rey en la Historia de España. Aunque el presidente del Gobierno aseguró -y nadie le creyó- que no se había abordado la cuestión del regreso o no a España del emérito, lo cierto es que la sombra de Juan Carlos I pesaba, y pesa cada vez más, como una losa sobre la Corona.

Y la estrategia de tratar de hacer olvidar las numerosas irregularidades cometidas por el anterior jefe del Estado, dejando el tema en una especie de limbo fiscal, simplemente no ha funcionado: se ha ahogado tal estrategia, sumida en un mar de filtraciones, de torpezas de la Fiscalía, de divisiones en el seno del propio Ejecutivo (Podemos reclama una comisión de investigación parlamentaria y el PSOE trata de frenarla). Un mar en el que se incluyen equivocaciones tan palmarias como la gestión de la salida de Juan Carlos I del país en el que durante cuarenta años fue jefe del Estado.

En este marco, el viernes llegaba una inconveniente filtración, presuntamente procedente de la Fiscalía o de la Agencia Tributaria, que señalaba al emérito como presunto -bueno, algunos medios, sobre todo independentistas catalanes, han suprimido la palabra 'presunto' - 'comisionista' de obras públicas del Estado. La Fiscalía, que increíblemente aún demora su dictamen sobre si ha lugar a querella contra Juan Carlos I, se vio el propio viernes acusada por la defensa del emérito de vulnerar su presunción de inocencia. Y la abierta pelea entre ambas partes salpicó el encuentro de Dolores Delgado, para colmo sometida a una denuncia ante el Supremo por presunta irregularidad en su nombramiento, con el inquilino de la Zarzuela.

La misma Memoria que la fiscal general entregaba el viernes al Rey -un texto que pasa de puntillas sobre el 'caso Juan Carlos I', claro- será una de las piezas centrales en el acto de apertura del año judicial, que, con la presencia del Monarca, se celebra este lunes en medio de mayor caos y divisiones que se recuerdan en el mundo togado. La división política sobre la constitucionalmente necesaria renovación del poder de los jueces va a ser una espada de Damocles sobre este acto lleno de togas, condecoraciones, puñetas y* tensiones sin cuento.

Uno de los errores más graves del mandato de Pedro Sánchez fue, desde luego, designar a la hasta entonces ministra de Justicia -para colmo, indirectamente envuelta en la polémica, que afecta al Supremo, sobre la denuncia de las Naciones Unidas acerca de la inadecuada inhabilitación de Baltasar Garzón, su compañero- como fiscal general del Estado. Y ahora el Gobierno, que creo que es consciente de su equivocación, no puede destituirla a menos que ella renuncie voluntariamente.

Que el Rey, a cuya casa llegan todos los días muy inquietantes noticias sobre su ausente padre, se vea relacionado, aunque sea fotográficamente, con todo cuanto la señora Delgado y sus circunstancias implican, es, ya digo, mala noticia. Que la ceremonia más solemne de los jueces se celebre en un clima de ruptura sin precedentes entre los togados -y entre los fiscales, por cierto- es síntoma aún peor. Y el caso es que dos personas, en una reunión que no tiene por qué ser necesariamente larga en La Moncloa, podrían desatar el nudo gordiano judicial de discordia que ahoga a la democracia española, comenzando, ya vemos, por su más alta institución. Se llaman Pedro Sánchez y Pablo Casado, pero abandonemos, temo, toda esperanza.