A estas alturas lo que no se puede negar es la evidencia, que cuatrocientos reos de delitos relacionados con la violencia sexual contra las mujeres han visto reducida su condena y otros cuarenta han sido puestos en libertad, y aunque la casuística de cada una de esas revisiones de pena es muy variada y tiene distinta repercusión lo cierto es que la aplicación de la ley del solo sí es sí ha supuesto un fiasco y la obligación de sus redactores, del Gobierno que la aprobó, de los grupos parlamentarios que la debatieron, era haber comprobado todos los extremos posibles, desde los efectos de la rebaja de las penas mínimas hasta la posibilidad de que hubiera interpretaciones judiciales que no se compadecieran con el espíritu de la ley.
Por ese motivo, lo urgente ahora es poner remedio al desaguisado, actuar para que los futuros delincuente sexuales no se beneficien de una norma que puede serles favorable en algunos aspectos. Al menos, y pese a las discrepancias, los dos socios de gobierno han llegado al convencimiento de que hay que resolver "los efectos indeseados", pero el desacuerdo permanece sobre cómo hacerlo. Mientras que desde el Ministerio de Justicia se observa la posibilidad de recuperar el baremo de penas anterior a la entrada en vigor de la ley de libertad sexual, desde el Ministerio de Igualdad solo se insiste en mantener la ley como ha sido aprobada con el consentimiento como eje de la norma, sin realizar ninguna otra propuesta para desencallar el problema. Es decir, que mientras desde la parte socialista se hace examen de conciencia, y se asume la responsabilidad del error "en primera persona", como ha hecho la ministra de Justicia, Pilar Llop, en el Congreso, desde Unidas Podemos se pone el énfasis en el fallido ejemplo de "la herida" para demostrar que no hay consentimiento, que supone volver "al Código Penal de La Manada".
Y así, el debate jurídico sobre cómo se subsanan los errores de la ley del solo sí es sí, se ha transformado en un enfrentamiento político de los habituales en los que lo importante es la búsqueda de la mayoría suficiente para sacar adelante la reforma, preferiblemente con los socios parlamentarios, y el regalo envenenado del apoyo del PP –que voto en contra de la ley- como se ha visto en la sesión de control al Gobierno, que también transcurrió por los cauces habituales del diálogo de sordos, dónde la portavoz popular, Cuca Gamarra, trató más de acentuar las contradicciones entre los dos partidos del Gobierno y de sacar réditos político de su desavenencia que de mostrar un apoyo real a la posición de los socialistas.
Antes de que la ministra de Justicia entonara el mea culpa, Pedo Sánchez había afirmado que el 'daba la cara' en este asunto. Lo hizo el martes en la reunión con los diputados y senadores socialistas al afirmar que se había quedado corto al reconocer los ·efectos indeseados de la ley, después de haber mantenido criterios dispares desde que surgieron los primeros casos de revisión de penas a los violadores, y mandar actuar al Ministerio de Justicia con una tardanza inequívoca. En fin, todos los partidos dicen querer lo mismo y que es absolutamente necesario defender la libertad sexual de las mujeres, pero al parecer necesitan tiempo para ponerse de acuerdo sobre el modo de hacerlo y repartir las responsabilidades del chasco.