Si en algo coinciden todos los expertos financieros es en que tanto la economía española como la del resto de países se está recuperando con fuerza después de la enorme crisis que causó la pandemia. Sin embargo, consideran que se están materializando nuevas amenazas que ponen en jaque el restablecimiento de la nueva normalidad como, por ejemplo, la fuerte subida de los precios y la escasez de las materias primas que están provocando el acelerón de la inflación, el llamado impuesto silencioso.

Los economistas consideran que no se trata de un tema nuevo y lo comparan con el concepto de la prima de riesgo que la mayoría de la sociedad conoció a raíz de la crisis de 2007 y, de hecho, argumentan que fue en los años 70 cuando la inflación fue disminuyendo dejando de ser considerada importante, salvo en países como Argentina o Venezuela. Sin embargo, ha regresado al sistema de repente y este año se está hablando más de ella que en muchos años atrás.

En realidad, este indicador nunca desapareció, aunque sí se moderó en relación al IPC y, tanto los gobiernos como el sistema financiero han tratado de evitar que la economía no sufriera ni se impusiera la también temida deflación.

En este escenario, los bancos como el BCE, la Comisión Europea y la mayoría de los economistas llevan tiempo defendiendo la idea de que la meta de la inflación del 2% es positiva y ayuda al crecimiento.

El peligro de este postulado es que si se propicia la subida de precios es más fácil saber cómo empieza que cómo termina, que es dónde se encuentran actualmente las principales economías del mundo, después de haber puesto en sus mercados miles de millones de liquidez para superar la crisis de la COVID. En este escenario, eso sí, las deudas se van diluyendo mediante el impuesto inflacionario.

La primera reacción es la que observamos en entidades como el BCE que se ha atiborrado de deuda de los estados de la eurozona para sanear los balances de sus entidades financieras y que siguieran siendo el motor del desarrollo de la economía y, como contrapartida, se observan resultados no deseados como tensiones en los precios de las acciones, los bonos, el oro, las materias primas, los inmuebles o, también, el enorme déficit y la gran deuda pública que arrastran los actuales gobiernos.

La FED, por su parte, ya ha anunciado que, ante el repunte de la inflación en EEUU, está pensando reducir las compras de activos si la recuperación de la economía sigue el curso de superación previsto.

En España, el último dato de inflación se situó en el 3,3%, el pasado agosto, el más alto en casi nueve años por la electricidad, y en el 2,9% interanual, según el INE  lo que cree que hace peligrar la recuperación.

La subida de costes de producción está provocando que la industria registre grandes cuellos de botella en la cadena de suministros a nivel mundial, lo que perjudica los beneficios de las empresas y recorta sus previsiones de expansión.

En este sentido, si en los primeros meses de la pandemia el problema era la desaceleración, ahora se teme un sobrecalentamiento económico lo que para muchos expertos significa una clara una amenaza para lograr la recuperación. Sectores como, por ejemplo, el de la energía eólica, la automoción, la construcción o las manufacturas siguen enfrentándose a los retos planteados por las restricciones de las cadenas de suministro con las que trabajan, sin olvidar los ajustes que existen en los mercados.

 Las materias primas mantienen una tendencia alcista elevando su valor en todo el mundo ante la acaparación que hace el mercado chino, la gran fábrica del mundo, a lo que los economistas suman también el factor de la electricidad. 

Una situación muy similar vive el petróleo que registra un proceso de encarecimiento demasiado rápido que ya supera los niveles previos a la pandemia. 

Así, entre enero y junio de este año, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, ha aumentado un 45%, el del cobre un 20%, así como un 38% para el caso del hierro o un 28% para el precio de la madera. 

Un contexto que afecta a las grandes empresas que ya han anunciado que van a empeorar sus perspectivas para este año con un incremento añadido de deuda para salir adelante a pesar de que el Banco de España mejoró en junio las previsiones de crecimiento del PIB  para los años 2021, 2022 y 2023 debido a la evolución del frente sanitario, a las perspectivas económicas de los países del entorno y a la llegada de los fondos europeos, cuyos efectos comenzarán a notarse principalmente a partir del próximo año. El supervisor espera para el actual ejercicio un alza del PIB del 6,2%, del 5,8% para 2022 y del 1,8% para 2023. 

Estrategia

Los analistas aseguran que esta situación requiere con urgencia reformas estructurales y, sobre todo, una política económica que aliente el crecimiento, mediante ajustes, privatizaciones y reducción de costes. Así, aumentarían las cifras de empleo, habría una mayor actividad que generaría recursos para cerrar el déficit fiscal y una mayor competitividad alentaría el recorte de la deuda exterior con el alza de las exportaciones.