«La industria sabe que la uva es un producto perecedero, que hay que vendimiarla sí o sí cuando está, y se aprovecha de ello para obligar al agricultor a pasar por la puerta». Así resumía Alejandro García-Gasco, responsable de la sectorial vitivinícola de UPA, la principal preocupación del sector en el adelantado inicio de la vendimia: el hecho de comenzarla, de nuevo, sin precios publicados por las bodegas y sin saber si estos darán para, al menos, cubrir los costes de producción.

Esa incertidumbre llega además en un contexto inflacionista, que ha aumentado los costes para unos viticultores que ya saben que van a cosechar menos que en años anteriores. En ese sentido, la previsión para este año de García-Gasco fue muy similar a las ya expresadas por diversas organizaciones, con una estimación de un descenso del 15% en Castilla-La Mancha, «pasando a unos 19 millones de hectolitros, cuando en los anteriores se recogieron entre 22 y 23».

La sequía es la causa principal tanto de esa reducción como del adelanto de la campaña, «generalizado, tanto en las variantes mejorantes que se comenzaron a plantar con la reestructuración, como chardonnay o sauvignon-blanc, como en las autóctonas». Sobre la evolución meteorología, el responsable de UPA resaltaba que «en mayo todo pintaba bien, indicando una vuelta a la normalidad de la media de vendimias anteriores tras una campaña corta, pero no ha caído ni una gota desde entonces».

Esa caída de la oferta de materia primera «se tiene que traducir en un aumento del precio de la uva», proseguía García-Gasco, «porque el problema de la sequía no es de una sola región o un solo país, sino que se ha dado en toda Europa y ese repunte de precios ha de ser reflejo también del de las ventas del vino, que se está produciendo».

Sin embargo, «otro año más comenzamos la campaña sin precios anunciados», lamentó, recordando que «ahora disponemos de esa Ley de Cadena Alimentaria que antes no teníamos y por ello hemos pedido a la Administración que se dote de medios para hacerla cumplir», pues la norma fija la ilegalidad de la venta a pérdidas. «Pedimos que se denuncie, pero también que se investigue de oficio a la industria, que es la que está obligada a cumplir la normativa», añadía. 

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