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El sector agrario, entre dos fuegos

Vidal Maté
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Hay un gran incremento de costes por un lado, pero por el otro se encuentra la imposibilidad de repercutirlo en el precio de venta por la posición de la industria y de la gran distribución

El sector agrario, entre dos fuegos - Foto: Alberto Rodrigo

El sector agrario, como una actividad económica más, tampoco ha escapado a los efectos provocados por la subida de los precios de los medios de producción directos para el desarrollo de su trabajo, como energía o fertilizantes, así como de otros indirectos como el transporte. Además, para los agricultores y ganaderos estos incrementos de costes son lluvia sobre mojado si se consideran las progresivas medidas puestas en marcha por la Unión Europea en aspectos como el bienestar animal, la prohibición plásticos en la industria alimentaria (con repercusión directa sobre la actividad agraria) o las medidas aplicadas o previstas en materia de política verde, reduciendo el empleo de abonos y de productos fito y zoosanitarios.

A grandes rasgos, los incrementos de los costes de producción se han concretado en la subida de los precios de la energía en un 300%, de entre un 50% y un 100% en los fertilizantes (curiosamente, coincidiendo de pleno con el inicio de la sementera), de un 50% en los precios de los plásticos o de otro 50% en el gasóleo. Subidas a las que, en el caso de los ganaderos, se suma el incremento de los precios de los piensos con cifras récord en las cotizaciones de los cereales y de otras materias primas necesarias como la soja. Los cerealistas han sido los grandes beneficiados por el incremento de los precios tras años de cotizaciones congeladas, aunque en muchos casos esos beneficios se han quedado en manos de los operadores por haber realizado las ventas en origen con precipitación. Hoy esos ingresos irán a pagos por los incrementos de precios de los fertilizantes.

Sobre el papel, con una Ley de la Cadena que obliga a los compradores a pagar como mínimo un precio que cubra los costes de producción del eslabón anterior, el sector agrario no debería tener problemas para repercutir esos incrementos de costes en el valor del producto final. Sin embargo, se trata de una disposición que, en la mayor parte de los casos, ha quedado solamente como un compromiso de difícil cumplimiento en el Boletín Oficial ante las condiciones específicas que coinciden en la actividad agraria.

Primero, porque en muchos casos se trata de productos perecederos que el agricultor o ganadero no pueden almacenar permanentemente a la espera de que alguien pague lo que se le pide según sus costes. Segundo, porque existe un importante desajuste entre la posición dominante de quien compra y de la parte vendedora. Tercero, porque en una relación de desigualdad de fuerzas, para la parte más débil no suele ser fácil incluir cláusulas de revisión de coste. Cuarto, por la dificultad que tiene la Administración para controlar cada contrato.

En ese contexto, el sector agrario se ha visto afectado de lleno por los incrementos de costes como consecuencia de los precios al alza de medios de producción, pero no dispone de unos mecanismos reales para poder repercutirlos en los precios de venta, lo que se traduce en sumar números rojos a sus cuentas de resultados. Los precios ruinosos percibidos guardan relación con lo que sucede en el conjunto de la cadena desde que sale un producto del campo hasta que llega a los lineales de la distribución, bien como un producto transformado por la industria o bien sin transformar.

En primer lugar, el sector agrario depende de las estrategias de la gran distribución para aumentar ventas y ganar cuotas de mercado, generalmente con precios a la baja. Ya antes de la pandemia, pero muy especialmente después de la misma, se ha recrudecido la batalla entre los grandes grupos de la distribución para ganarse a los consumidores con precios reducidos sin considerar sus efectos sobre los escalones anteriores de la cadena (los productores), aplicando subterfugios legales contemplados en la normativa en vigor.

Con la distribución al mando de la cadena, la industria alimentaria, en una posición intermedia, se ha visto en la necesidad de aplicar sus propias estrategias para subsistir. En ese contexto se halla, en primer lugar, un ajuste de beneficios por la actividad. En segundo lugar la repercusión de los ajustes de la gran distribución en el escalón anterior, es decir, en el conjunto del sector agrario. Como una vía intermedia que en el fondo supone un engaño para los consumidores, destaca la política de reducción de peso en los envases de siempre manteniendo los precios de siempre, con el ejemplo visible de las cajas de huevos con una decena de unidades en vez de una docena.

En este escenario, el sector agrario en estos momentos se halla entre dos fuegos a los que no puede responder. Por un lado, los incrementos de los costes de producción macroeconómicos, desde los piensos a la energía, el gasóleo o el transporte. Por otro, a las políticas de quien vende sus productos, más preocupados en mantener sus cuentas de resultados y sus cuotas de mercado que por la situación de quienes producen en origen. Ello ha dado lugar a un incremento de las importaciones desde terceros países como consecuencia de las políticas de puertas abiertas de la Unión Europea y de las que se avecinan a medio plazo si se aplica la estrategia comunitaria 'De la granja a la mesa', por la que Bruselas plantea bajar las producciones reduciendo el uso de abonos, fitosanitarios y zoosanitarios, lo que dará lugar a una UE no autosuficiente, sin soberanía alimentaria y más dependiente del exterior en un contexto mundial de falta de alimentos.

Frente a esta situación de incremento de costes y el frontón de la gran distribución, hasta la fecha no se ha producido ninguna respuesta oficial ni siquiera para, al menos, analizar el problema. En su día se planteó la constitución de un Observatorio de los precios de los medios de producción agrarios simplemente con fines informativos y de transparencia. Del mismo nada se supo, mientras sí funciona el Observatorio de los precios de venta de los productos agrarios.

Existe una Ley de la Cadena que, sobre el papel, debería vigilar el cumplimiento de todo ese proceso y asegurar que se paguen como mínimo los precios de coste. Pero hoy, en plena crisis de costes, a la Ley no se la ve y, lo que es peor, ni se la espera.

En este escenario, con el objetivo de no seguir perdiendo o de perder menos, la respuesta del sector ha sido reducir la cría o engorde de diferentes producciones ganaderas como avicultura de carne, de huevos, de vacuno o de porcino.

ARCHIVADO EN: Precios, Gasóleo