Pablo Escobar, diputado provincial del PP y representante del grupo popular en la Junta General del Consorcio Provincial de Medio Ambiente, criticó la decisión de ese organismo de aceptar el reconocimiento extrajudicial de créditos y autorizar el pago de unas facturas por valor de 789.328 euros.
Según detalla, ese acuerdo se adoptó en la reunión celebrada esta semana y los pagos corresponden a unas obras contempladas en una modificación realizada en 2005 al contrato de explotación del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos, actualmente prorrogado hasta que se resuelva la licitación abierta hace unos meses. Escobar argumenta que «esas facturas no tienen soporte documental alguno, pues no hay contrato ni encargo». «Ellos alegan» -prosigue en referencia a los dirigentes del PSOE- «que se debe a un contrato que se firmó para modernización, reformas estructurales y gestión del Centro de Tratamiento, pero éste tenía sus fechas tasadas desde ese año hasta el 7 de enero de 2018, cuando expiraba el contrato de explotación». En su opinión, es «un absoluto disparate, porque esas obras se terminaron y ya se han pagado todos los plazos».
Escobar, que es también alcalde de La Herrera, anunció su intención de «impugnar el acuerdo desde el Ayuntamiento, para que no se lleve a cabo». Argumenta que «esos casi 800.000 euros los van a pagar los pueblos socios del Consorcio, a través del canon por la recogida de residuos y es dinero del que el Consorcio no dispondrá para comprar camiones nuevos, mejorar problemas que surjan en la planta o los gastos corrientes».
RESPUESTA. María José Vázquez, diputada provincial de Medio Ambiente, respondió a La Tribuna tras ser consultada por las críticas de Escobar. Lo hizo asegurando que «no hemos cometido ilegalidad alguna, tengo informes técnicos y de Intervención que señalan que hay un contrato prorrogado, en el que las inversiones se han acabado, pero que lleva aparejado otra serie de pagos que hay que abonar hasta que tengamos uno nuevo».
«Es cierto que hay un cuadro en el que las amortizaciones ya están pagadas, pero también lo es que lleva aparejado otra serie de gestiones que la empresa, dentro de sus funciones, reclama y se ha considerado que lo acertado y legal es pagarlo», añade la diputada socialista, quien quiso destacar que «el pago de estas facturas no supone que se le vaya a aumentar el canon a ningún ayuntamiento y no está dentro de mi intención perjudicarlos».
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