José Sánchez Sánchez es abogado del Servicio de Mediación Jurídica de Cáritas Diocesana de Albacete, desde su puesta en marcha hace 25 años, con el que da asistencia jurídica gratuita a los más necesitados.

¿Cuál ha sido el asunto estrella en 2022?

En los medios aparecen muchas noticias de delitos que crean alarma social, con lo que la sensación que le queda a la gente es que el problema de la sociedad son los delitos, pero cada año bajan. Lo que más ha aumentado son los asuntos que tienen que ver con las ayudas públicas y temas administrativos, en relación con las administraciones y más con la aparición del Ingreso Mínimo Vital y los asuntos civiles. Tenemos la vivienda y el tema de Ley de Segunda Oportunidad y las deudas civiles, donde nos pasamos el día levantando embargos, de gente que le embargan su prestación y tenemos que decirle al juez que la cuenta que le embargan a un señor procede de un dinero inembargable, porque sino esa persona no tiene para comer. Eso es lo que más hacemos. Llevamos unos años, a raíz de la pandemia sobre todo, donde lo que más estamos trabajando es eso. y donde se han incorporado no sólo la gente que tiene una exclusión social severa o más grave, sino también gente que era de una clase media, cuya situación ha empeorado.

¿Cada vez hay más clase media en riesgo de exclusión?

Cada vez hay más clase media que se encuentra en riesgo de caer en la exclusión y la gente que estaba en exclusión ha empeorado su situación. Cada vez hay un desequilibrio  mayor, vemos que la gente que está en exclusión está más excluida y hay más gente en riesgo de caer en la exclusión que está en una vulnerabilidad moderada, pero hay que tener cuidado, hay que tener unas medidas de protección fuertes y a nivel social, porque son necesarias. Yo creo que ahora mismo tenemos un problema con el Estado del bienestar, el Estado del bienestar tenemos que recomponerlo, porque hemos sufrido varias crisis que lo han destrozado. No hay otra manera de que las desigualdades se puedan corregir, si no es con un Estado del bienestar potente.

Hablaba del tema del IMV, ¿cree que hay muchas trabas administrativas a la hora de pedir ayudas?

No es que lo crea, es que es una realidad, lo dice hasta el propio ministro. Yo creo que el Ingreso Mínimo Vital era algo necesario, algo que reivindicábamos desde las entidades sociales hace mucho tiempo, lo que pasa es que se ha creado una ley, sin crear infraestructura y eso está haciendo que la Seguridad Social esté como desbordada, en una especie de mini caos, porque ahora mismo está tardando mucho en resolverse, se pide un montón de documentación que quizá podría obtenerse por otras vías y el tema de la brecha digital afecta a esas personas en riesgo de exclusión que no tiene Internet,  que son analfabetas digitales, para ellas deberían crearse apoyos dentro de la Administración, para colaborar en la tramitación de esas ayudas y eso hay que crearlo y por eso nos estamos encontrando con que las reclamaciones tardan mucho en resolverlas y las solicitudes también. Tanta documentación hace que haya muchas personas que estén sin percibir la ayuda tiempo, aunque tengan derecho a ello. La burocracia está haciendo que se vulneren derechos, como el derecho a obtener una prestación para poder alimentarse. Una sociedad del siglo XXI no puede tener personas que pasen hambre. 

¿Los desahucios por impago del alquiler son ahora más habituales?

La gran mayoría de desahucios en los que nosotros trabajamos son por no pagar el alquiler, el hipotecario ha bajado bastante, porque ahora con las normas de buenas prácticas y el hecho de que la gente no se meta ya en tantas hipotecas, tenemos muy poquitos casos. Además también se han creado recursos, como la Oficina de Intermediación Hipotecaria, que hace de mediación con los bancos e incluso yo colaboro con ellos y la verdad es que no es un grave problema. Yo no sé si ahora con la subida del Euribor se generará un problema de aquí a un año o unos meses, pero en estos dos últimos años la mayoría de las intervenciones que hemos tenido en materia de desalojos fueron por impago del alquiler. En cuanto a las okupaciones son algo anecdótico.

¿Se paralizan muchos desahucios?

Sí, la normativa pide una serie de requisitos con los que acreditar esa situación de vulnerabilidad, cuando eso lo conseguimos hacer los jueces los están paralizando, si el propietario no es también vulnerable, porque cuando es vulnerable no cabe paralizar el desalojo.