Castilla-La Mancha acoge con estupefacción la abrupta reacción del Gobierno de Murcia al borrador del Plan Director de la Red Natura 2000. Un texto que la Junta de Comunidades quiere tener listo para principios de año y que desde la comunidad  vecina se está tratando como una suerte de atentado contra sus intereses, al suponer, según dicen, una «sentencia de muerte contra el trasvase Tajo-Segura». Tanto es así, que esta semana han presentado sendas alegaciones al texto castellano-manchego, girando todas ellas alrededor de una misma idea: su rechazo en banda a que se reconozcan unos caudales ecológicos mínimos para el Tajo.

En este sentido, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, advierte a sus homólogos murcianos de que Castilla-La Mancha se limita a plasmar en este documento las últimas sentencias del Tribunal Supremo, en las que se exige el mantenimiento de los ya citados caudales ecológicos mínimos en el Tajo. Sentencias que han obligado al Gobierno central a iniciar una modificación exprés de los planes de cuenca -se espera que estén listos a primeros de año- y que podrían  duplicar el agua circulante del Tajo a su paso por ciudades como Aranjuez, Toledo y Talavera.  O lo que es lo mismo, que obligarían a que parte de lo que hoy se deriva al Levante se quede en el curso natural del río, tal y como teme el Gobierno de Murcia.

No cumplir con estos caudales ecológicos sería, por tanto, «prevaricar», según explica Escudero a La Tribuna. «Si el Gobierno de Murcia quiere saltarse la ley,  ahí están los tribunales europeos y nacionales para impedirlo».

El texto hoy en liza se limita a insistir en la necesidad de establecer caudales ecológicos en aquellos cauces donde la falta de agua y los efectos del cambio climático puedan comprometer la supervivencia de los hábitats protegidos en la Red Natura 2000, figura medioambiental amparada por la normativa europea. Como explica el consejero, «no es una cuestión específica y única de Castilla-La Mancha, es una red ecológica europea que tiene como objetivo el mantenimiento de la biodiversidad». «Todas las autonomías estamos obligadas a aprobar un plan director para preservar nuestros espacios protegidos», que en el caso de la comunidad abarcan más de 2 millones de hectáreas.

Con todo, Castilla-La Mancha no quiere iniciar una nueva ‘guerra’ con Murcia. Como apunta el consejero, «no vamos a entrar» en la confrontación, «nos limitamos a cumplir la ley» y, también, «el sentido común». Eso sí,  aprovecha para lanzar un más que claro mensaje a navegantes: «Los esfuerzos de un Gobierno regional deberían enmarcase en la preservación de sus espacios naturales, haría bien la región de Murcia en preocuparse del desastre medioambiental que se vive hoy en el Mar Menor y de perseguir a los infractores». Ánimo que, como lamenta, no ve en estos momentos en el presidente de Murcia y su Gobierno.

Más radical se muestran en este sentido los municipios ribereños de la cabecera del Tajo. Su expresidente y actual diputado regional, Francisco Pérez Torrecilla, no duda en afirmar que el Gobierno murciano de la mano del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura «no tiene límite». «Si por ellos fuera se harían con todo el agua de todos los ríos de España para convertir los eriales murcianos en vergeles». «Hay que ponerles coto», «no hay por donde coger ya sus reivindicaciones», advierte a este diario.