El Pisuerga pasa por Valladolid y el coronavirus por Moncloa. Hay que aprovecharlo. A la anestesia general del contribuyente se añade el miedo, el mejor aliado para legislar sin complejos. Así todo es mucho más fácil. Cuando el Gobierno debería estar centrado de forma casi exclusiva en combatir la pandemia y la crisis económica, están colando una cascada de órdenes y leyes impensables en países democráticos de nuestro entorno. ¡Qué más da que Bruselas empeore las previsiones para España y que vaticine una caída del 12,4%! Lo realmente importante es controlar la educación y los medios de comunicación.
Sánchez e Iglesias -no cabe hacer distinción- empezaron arreando a su blanco preferido: la enseñanza concertada y la libertad que tienen los padres para elegir el centro en el que quieren que estudien los hijos. Eliminando el apartado de demanda social te cargas uno de los criterios fundamentales a la hora de adjudicar las plazas de los colegios. Es sencillo, ¿verdad? Si no se habilitan esas plazas en función de la demanda, poco a poco voy eliminando clases en los concertados y también reduzco el dinero que aporta la administración en virtud de un concierto que, no hay que olvidar, es público. Lo antepenúltimo que planean es retirar el concierto a las escuelas con educación diferenciada. Esto implica desoír directamente una resolución del Tribunal Constitucional que, en 2018, ya consideró que este modelo educativo «no causa discriminación» y es «respetuoso con la Constitución». Entonces PSOE y Podemos no controlaban el Alto Tribunal, el gran sueño de Pablo Iglesias materializado en la cacicada para renovar el Consejo General del Poder Judicial que mantiene a Bruselas con el hacha levantada.   
¿Puede la denominada Ley Celaá recoger aspectos todavía más radicales? Con Podemos, se puede. Lo penúltimo que se les ha ocurrido es permitir que el castellano deje de ser la lengua vehicular en el sistema educativo. Esto es una demanda de los nacionalistas que ha asumido no sólo Podemos; también el PSOE. Mientras escribo estas líneas, lo deciden en el Congreso a puerta cerrada, sin importarles que estamos ante una ley orgánica. Esto no deja de ser una discriminación y un abuso que va a acabar en los tribunales. Pero a la espera de que se pronuncien, no deja de ser una contradicción. ¿Alguien se imagina que en Francia el francés deje de ser la lengua vehicular del sistema de enseñanza del país vecino? ¿O el alemán en Alemania? O en cualquier país, vamos.
Para hacer y deshacer a su antojo, los inquilinos de Moncloa quieren el control absoluto de los medios de comunicación. En el BOE de este jueves publican la orden para «actuar contra la desinformación». El qué, el cómo y el quién no los definen del todo, pero tampoco hace falta ser un lince: cualquier cuestión que suponga no asumir la versión del Gobierno -incluidas sus mentiras-, lo van a considerar desinformación. Se va a encargar de vigilar su cumplimiento la secretaría de Estado de Comunicación, el consejo de Seguridad Nacional y lo que denominan comisión permanente contra la desinformación, es decir, el Gobierno. Sánchez e Iglesias, Iglesias y Sánchez van a decidir a partir de ahora lo que es una información veraz de la que es falsa. Esto es solo una prueba más de la utilización de la pandemia, de la zozobra que tiene una sociedad con miedo, para imponernos toda una agenda a punto de traspasar lo antidemocrático. Empiezan por la educación y siguen por los medios de comunicación. Van examinar el pluralismo de los medios y luego se molestan cuando les comparan con Venezuela. Porque la verdad sólo es la suya. ¿Hacen falta más coincidencias para que no nos preocupemos del peligro que corre nuestra libertad?