En las sesiones de control al Ejecutivo de los miércoles en el Pleno del Congreso, nadie escucha a nadie, ni los controlados a los controladores ni estos atienden a las respuestas que les dan. Cada cual va a colocar su mensaje y da lo mismo que se ajuste o no a lo que se pregunta o a lo que se responde. Para ello se ponen en práctica las técnicas retóricas que son bien conocidas, salirse por la tangente, o que la mejor defensa es un ataque. De todo ello se vio a cuenta del 'caso Pegasus en la última sesión.
Y eso que, por fin, se ha sabido cual es la causa del cese de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban´, defenestrada, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "es evidente que ha habido un fallo claro en la seguridad de las comunicaciones del Gobierno", sin hacer ninguna referencia al 'catalangate', el espionaje a 18 dirigentes independentistas catalanes, que fue explicado por la propia Paz Esteban en la comisión de secretos oficiales, donde mostró la autorizaciones judiciales para llevarlo a cabo, y se sabe, por sus intervenciones, que la ministra de Defensa, Margarita Robles, está deseando que el juez que instruye ese sumario pida desclasificar esos documentos para dejar en evidencia las maniobras de los 'indepes' para atacar el ordenamiento jurídico y la soberanía nacional.
Sin duda puede ser un error estratégico, en orden a su credibilidad y confianza en la colaboración con otros servicios de inteligencia, que un gobierno revele a pecho descubierto que se ha producido una brecha de seguridad en las comunicaciones de su presidente y varios ministros, pero no será la primera vez ni la última que esto ocurra -lo vino a explicar la ministra de Defensa- y por ahí debieran venir las principales críticas de la oposición a la forma en la que el gobierno ha afrontado la crisis levantada por el espionaje a los líderes catalanes desvelada por Citizen Lab- por el procedimiento de sacar un clavo con otro. La oposición, sin embargo, ha preferido poner el acento en que la destitución de Paz Hernández ha sido el pago a los independentistas para asegurarse su apoyo parlamentario para permanecer en el poder un tiempo más e insistir en que quienes gobiernan España son los independentistas cuya única intención es debilitar al Estado con la ayuda del presidente del Gobierno.
Como tampoco ha quedado demostrado de forma meridiana a quien correspondía el control de la seguridad del teléfono de Pedro Sánchez, y ante la insistencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de que esa no fue nunca su competencia, el PP ha resuelto no dar credibilidad a su afirmación, como una parte más de su estrategia de salvar la labor de la directora del CNI destituida, que habría sido el chivo expiatorio ofrecido por el Gobierno para calmar a los independentistas. Tampoco han tenido eco los esfuerzos de Margarita Robles por lanzar mensajes de reconocimiento a los integrantes de los servicios de inteligencia. Pero como señala la analista de El Mundo, Lucía Méndez, "es posible que el CNI esconda secretos tan oscuros que la destitución de Paz Esteban no sea lo que parece".
A partir de la constatación de que al PP no le convencía ninguna explicación, Sánchez, para defenderse, tiró del repertorio de la corrupción del PP y de la declaración de la independencia catalana bajo el mandato de Rajoy Pero esos casos o han sido juzgados en las urnas o están sub iudice.