El Banco Central Europeo (BCE) acaba de advertir al Gobierno español de las irregularidades y consecuencias de un gravamen discrecional de 3000 millones de euros a los grandes bancos españoles. Al gobierno le faltó tiempo para condenar el documento como maniobra política del PP. La verdad es que el documento firmado por la presidenta del BCE, Sra. Legarde, se limita a leer la cartilla básica de la Unión Europea (UE) y la Unión Monetaria Europea (UME). Un documento similar le fue enviado al Gobierno de Lituania en 2019.
El primer artículo de esta cartilla recuerda que la UE es una economía de mercado en régimen competitivo. ¿Puede un estado miembro crear empresas públicas (o bancos)? Sí, tantas como quiera, con una sola condición: no podrán recibir de su gobierno ni subvenciones ni ventajas fiscales, para no poner en desventaja a las empresas y bancos europeos. Por la misma razón, un Gobierno no puede imponer gravámenes discrecionales a unos cuantos bancos; quedarían en desventaja respecto a los europeos. Si los bancos españoles no son capaces de trasladar a sus clientes estos gravámenes, es muy posible que se vean abocados a la recolocación o el cierre.
El segundo artículo de la cartilla recuerda que el BCE tiene encomendado gestionar la política monetaria antiinflacionista, asegurar el flujo ininterrumpido de dinero-crédito y controlar la solvencia-liquidez de la banca privada. La propuesta española, insiste el BCE, impide el cumplimiento de estas tres funciones. Mi opinión: «Zapatero a tus zapatos». Las actuaciones económicas de los gobiernos mejor que se centren en crear las condiciones que facilitan la inversión privada y la financiación de esas inversiones. Del incremento de renta resultante, saldrán los impuestos que permitirán al Gobierno cumplir sus funciones sociales.