La proximidad de la Semana Santa y la necesidad de tomar decisiones sobre los límites en la movilidad geográfica ha puesto de nuevo a prueba la capacidad de consenso de las comunidades autónomas a la hora de adoptar medidas que contengan la expansión de la covid. En esta ocasión, por fin, ha habido más unanimidad y solo Madrid, de nuevo, discrepa. Justo en el momento en el que se había superado la gravísima crisis sanitaria generada por los desplazamientos que se realizaron en Navidad, con muchas comunidades en índices de incidencia incluso mucho mejores que al comienzo de la segunda ola en julio, se suscitaba el debate sobre un escenario que a estas alturas, en realidad, ni siquiera debía haber cabido duda. El recuerdo de enero debería estar tan reciente que ante la pregunta de cómo se debe afrontar la Semana Santa solo cabría una respuesta: como cualquier otra fecha en el calendario, más todavía teniendo en cuenta que se han suspendido en todo el país las celebraciones religiosas, que son el elemento cultural que motiva muchos de los desplazamientos.

El comportamiento para esa semana, en la que tradicionalmente muchos ciudadanos disfrutan de unos días de vacaciones o descanso extra más allá de las festividades de Jueves Santo y Viernes Santo, no debería ser distinto al de cualquier otro momento del último año, en el que han estado prohibidos los desplazamientos entre distintas comunidades autónomas. Cierto es que se reducen las expectativas turísticas, limitándose a la movilidad de las familias del mismo territorio. Pero lejos de considerarse exclusivamente un problema, este periodo puede aprovecharse como una oportunidad para dinamizar en la medida de lo posible las economías gracias al consumo local. Limitar la movilidad no es sinónimo de parón en la actividad, mientras que no ponerle límites no dejaría de ser una solución cortoplacista, porque conllevaría el riesgo de aumentar la potencia de una cuarta ola que, como ya ha ocurrido en la tercera, derivó en restricciones aún más severas. Es decir, el problema solo se retrasó y cuando hubo que hacerle frente se requirieron medidas más contundentes y perjudiciales.

Lo que sí deben intentar los gobiernos autonómicos y administraciones locales es favorecer ese disfrute en las pequeñas distancias, un incentivo con el que ya se trabajó, con distintos resultados, en la desescalada previa al verano. Queda tiempo para articular ofertas atractivas para aquellos que quieran contribuir a que la economía de su tierra siga viva. Saldrá mucho más rentable eso que pagar ayudas por ceses de actividad derivados de decisiones equivocadas y conductas inapropiadas.