Otra vez en la capital de España, y con aires de música de guerra civil por las esquinas, su alcalde el señor Almeida está dispuesto (avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid) a reponer en su fachada correspondiente los nombres que la alcaldesa anterior, siguiendo el manual de la llamada Ley de Memoria histórica había quitado durante su mandato. Se trataba de borrar hasta el menor aliento de la época franquista. Es lo que advierte el saber popular cuando dice que el tiempo pone a cada uno en su sitio; o, lo que es igual, la endeblez de nuestros criterios morales cuando los aplicamos desde hoy a otras situaciones lejanas en el tiempo. Sobre todo cuando la moralidad se refiere a los actos que realizan los ciudadanos de un mismo país, enfrentados por ideologías distintas, en las trincheras o en las urnas. ¿Será criterio suficiente la victoria de uno de los bandos sobre el otro? Así parece ser y es lo grave.
Desde las líneas anteriores, se diría que los habitantes de un territorio tienen dos misiones distintas: una, la de aquellos que por derecho después de una batalla, o de un triunfo electoral, consiguen acceso al Boletín Oficial del Estado para que sea su voluntad la que ordena y manda en cualquier asunto de la convivencia nacional. El otro grupo de ciudadanos lo componen quienes solo tienen otra misión, la de mantenerse vivos, aunque sea de milagro, y ver que no mengüe su hacienda. Con total respeto y que nadie se oiga.
  Solo un consuelo queda. El hecho, tal vez, de que la justeza o no de nuestras obras quedará anotada en el libro de registro que llevan las estrellas.