El ser humano se diferencia del resto de seres vivos por su capacidad de razonar. Razón lógica que nos permite entender las cosas tal como son; razón moral que nos permite distinguir entre las cosas buenas (a promover) y las malas (a evitar). Conjugar ambos tipos de racionalidad es la clave de una civilización. 
Pongamos el caso del aborto. Las preguntas pertinentes son tres. (1) ¿Aceptamos que existen una serie de derechos fundamentales inherentes a persona humana que ni siquiera el Estado puede cerecenar? Así lo reconoce la Constitución de 1978, siguiendo la Declaración Universal de 1948.  (2) ¿Cuándo empieza la vida humana? Los genetistas, que son quienes deben responder esta pregunta, coinciden que la vida empieza en el momento de la fecundación. Todo lo que sigue es un mero desarrollo. (3) ¿Estamos dispuestos a ayudar a la mujer que se encuentra ante un embarazo no deseado por todos los medios posibles, incluyendo la adopción del niño?
En la sentencia del pasado martes, los siete magistrados del Tribunal Constitucional nombrados por el Gobierno actual respondieron «No, no, no». A su entender un derecho fundamental se supera creando otro que dice lo contario. No lo llaman «derecho a matar», pues previamente han decidido que el feto no es un ser humano. Prefieren invocar el «derecho a la integridad personal de la mujer en su libre autodeterminación». El resultado es el mismo: una sociedad progresista tiene derecho a eliminar todos los fetos que molesten. No hace falta ayudar a la mujer. Ésta disfruta ejerciendo su nuevo derecho y pronto olvidará la zozobra que en algún momento pudo sufrir. 
Resultado. No sólo hemos perdido un derecho fundamental (el derecho a la vida) sino que estamos ahogando nuestra razón lógical y moral. En ellas se funda la garantía de una vida digna y de una civilización pacífica.