Quim Torra se enfrenta a una posible condena de inhabilitación que pondría fin a su carrera política, y basa su defensa en que la justicia española no respeta la libertad de expresión porque la inhabilitación la ha provocado una pancarta de apoyo a los presos y a los “exiliados”. No es esa la cuestión: la pancarta que lucía en la fachada del Palau de la Generalitat, la Junta Electoral Central obligó a quitarla porque en periodo electoral todo lo relacionado con la propaganda partidista está perfectamente regulado, como en cualquier país democrático, y la pancarta incumplía las normas.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a Torra, que perdió su escaño en el Parlamento aunque una interpretación sesgada de la ley le permitió escapar de la inhabilitación como presidente de la Generalitat, y este jueves se ha celebrado la vista de casación ante el Tribunal Supremo, que escuchó a la fiscalía –que apoyó la resolución del TSJC- y al abogado de Torra. Este último acudió a la vista no como acusado, sino representando a la Generalitat. El asunto por tanto no va de libertad de expresión, sino de una maniobra independentista más. O dos maniobras más: la primera, colocar una pancarta propagandística e ilegal para captar votos a través del habitual victimismo y presentando como héroes a los dirigentes en prisión por haber impulsado un referéndum ilegal y un movimiento calificado como sedición, y también como héroes a los que se fugaron de España escondidos en maleteros de coche o con artimañas propias de series de televisión. Segunda maniobra, utilizar el procedimiento judicial para promover, durante meses, el supuesto acoso de “España” a Cataluña y al derecho de los catalanes a manifestar sus afanes independentistas y tomar iniciativas en ese sentido.
El independentismo está como está, debilitado por su profunda división interna. Torra es una marioneta en manos de Puigdemont, que no oculta su escaso entusiasmo por un presidente mediocre al que espera sustituir algún día. A estas alturas no se sabe si a Torra le puede más la animadversión a ERC y sus dirigentes, o la que siente por los que defienden a España. La prueba es que una de las razones por las que se resiste a dejar la presidencia de la Generalitat es que no quiere que le sustituya el vicepresidente, Pere Aragonés, de ERC.
Torra aguanta, pretende mantenerse aunque le llegue la ratificación de la inhabilitación, amenaza con los tribunales europeos, con la insumisión y con no convocar elecciones antes de la inhabilitación bloqueando así una Generalitat que, en funciones, ni puede convocar elecciones ni aprobar sus Presupuestos.
Todo esto lo sabe Sánchez. Aún así, da cancha a los independentistas, asegura que convocará la Mesa de Diálogo –¿diálogo para qué?- y permite que su escudero Iglesias haga ojitos a Bildu y ERC para que le apoyen los PGE. Puigdemont, mientras tanto, aplaude con las orejas en Waterloo.