Ha sido costumbre de los partidos políticos, en especial en los de nuevo cuño, la de dotarse de códigos éticos, una especie de credos con los que marcar unas normas de actuación ante la comisión de un delito por parte de sus cargos públicos. ¿Cuándo debe dimitir un político, cuándo es denunciado, investigado, juzgado o condenado? ¿Cuál es el límite? Ante estas cuestiones, hubo formaciones que no se comprometieron en exceso, pasando de soslayo para no quedar retratados. Otros fueron a máximos, y poco menos que con cambiar un papel de cajón, el cargo público en cuestión debía presentar su dimisión y con ello, renunciar al puesto, véase, dejar de percibir el suculento salario a costa de los ciudadanos. Pues miren, siempre fui un descreido de estas cosas, y desafortunadamente, el tiempo me ha venido dando la razón en esta cuestiones. Hubo un Gobierno que cayó en una moción de censura por un párrafo de una sentencia, y me parece perfecto, no hay objeciones, señorías. Pero, ¡ay! amigos, cuando el asunto le afecta a uno mismo, la vara de medir es diferente, y los argumentos, muy distintos. Y de nuevo surgen los ademanes de la vieja política, esa contra la que tanto cargaron algunos y a cuyos esquemas acuden cuando lo que se busca no es cambiar las cosas en beneficio del interés general sino con el propósito de pisar moqueta. En las últimas horas, un asunto ha vuelto a complicar la apacible existencia política de un alto cargo que será investigado por un alto tribunal. Veremos si alguien dimite. Pero ya saben, por la boca muere el pez.