Que en la reforma de bachillerato la historia empiece a partir de 1812 tiene su lógica, especialmente si aplicamos un criterio  espacial. La historia, además de noción abstracta, es también un inmenso corpus de bibliografía que va creciendo con los años, y ese registro, encomendado a historiadores, arqueólogos, cronistas oficiales de villas, eruditos y otros recolectores de pasado, ocupa un lugar físico, contradiciendo el mendaz dicho de que el saber no ocupar lugar: no solo lo ocupa sino que lo satura, y en tanto que es un corpus vivo no tiene visos de acabarse. Ese monstruoso legado, insostenible desde el punto de vista físico, también lo es incluso digitalizado: la dichosa nube, nuestra solución de almacenamiento, es más contaminante que los coches. En una novela de Lem, repescada hace unos meses, se alertaba de que la información acopiada en los ordenadores tiene un tope sobrepasado el cual nos espera el holocausto, en forma de apagón universal. Por una vez, los reformadores educativos han hecho caso de las amenazas de los futurólogos y han decidido hacer limpia, no solo de papeles sino de memoria colectiva. Es la misma operación que practicábamos en casa, a título individual, cuando queríamos ganar espacio, arrojando el lastre de cualquier documento que tuviera más de cinco años de antigüedad, incluyendo libros que no íbamos a volver a leer. Por lo demás, la historia acumulada a nuestras espaldas refuta nuestras creencias actuales de bondad universal por lo que nos quedamos más tranquilos si la cancelamos en bloque, igual que estamos haciendo con incómodos contemporáneos. La única excusa que le quedaba, la de ser maestra de la vida, se ha demostrado inoperante: no hemos aprendido nada.