Ya saben que uno de los objetivos de esta colaboración es desmontar los falsos debates que aprovecha la gente mala para dividirnos y, a poco que rasques, no hay chicha ni pleito. Uno de esos asuntos es el de la pervivencia de la educación especial para las personas con discapacidad, debate que no resiste un escrutinio detenido, a pesar de que voces ajenas a lo jurídico, y seguramente con la mejor de las intenciones, defiendan respectivamente la necesidad de su erradicación, por un lado, o el mantenimiento de su actual modelo. A todo esto, unos y otros se terminan arrogando el conocimiento directo de la problemática de la enseñanza de las personas con discapacidad, pensando siempre en casos concretos de su entorno más o menos directo, trufando todo ello con apelaciones de corte ideológico y humanístico.
En un asunto tan grave, estimo que hay matices, pero poco fondo sustancial pues los convenios y órganos de derechos humanos ya se han pronunciado: la educación de las personas con discapacidad es una, la educación prevista para cualquier persona. Consiste o hubiera de consistir en una educación inserta en el sistema educativo que goza la generalidad de la población que no es susceptible de ser calificada a efectos administrativos como discapacitada, en los mismos centros y grupos humanos.
Para ello, los poderes públicos han de poner a disposición de colegios, institutos y universidades todos los recursos materiales y humanos que sean necesarios para materializar tal obligación. Finalmente, cuando tal proceder de la comunidad política, se ha acreditado fehacientemente sin ningún género de duda, y tal cosa no hace avanzar al educando, el sistema común e inclusivo, puede acudir en beneficio de los derechos de la persona discapacitada, a derivar total o parcialmente a itinerarios especializados a los alumnos y alumnas que lo requieran.
Así, la educación ‘especial’ no es otra cosa que un ‘plan b’, fruto de la irrenunciabilidad de los derechos de quienes demandan formarse, pero que no puede alcanzar por si misma un estatuto o carta de naturaleza separada y divergente del sistema educativo común, sino que juega en el mismo un papel constructivo. Sería solo un conjunto de medidas organizativas y docentes encaminadas a conseguir la igualdad real con la generalidad de la población escolar (o secundariamente a paliar, o intentar remediar una diferencia objetiva), desde medidas de fortalecimiento conceptual e intervenciones de comportamiento, esto es lo más importante, distintas y específicas a las intentadas con todos los medios posibles durante la escolarización inclusiva primera, genérica y bien dotada desde el punto de vista material y humano. No es de extrañar que las instancias internacionales condenen a los países que confunden la capacidad de mantener especialidades en la educación con la posibilidad de perpetuar una educación especial como opción primera y de naturaleza divergente con el sistema educativo, ni que bajo tal prisma se argumente la derivación de personas con discapacidad intelectual o psicosocial, a tales recursos, bajo apelaciones argumentales de copia y pega. La educación especial no es excepción, sino otro camino de continua convergencia con un único sistema. No sobran los centros de educación especial, lo que sobra es imponer a la sociedad tal modelo cuando no se asume la obligación internacional de dotar económica y humanamente la educación inclusiva. Eso falla en la práctica, el dinero, y por eso pervive una educación especial más separada de lo que debiera.