Cuando se cumplen dos años desde que caducó el mandato de los actuales vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), nombrados por el Congreso y el Senado el 29 de noviembre de 2013, sigue sin vislumbrarse cuando tendrá lugar la renovación pendiente a pesar de que las negociaciones para lograrlo estarían muy avanzadas y solo quedaría, a juicio del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, poner fecha a la firma del acuerdo. Desde la calle Génova se señala, por el contrario, que esa posibilidad está aún muy lejana. Sin embargo, es un hecho que la permanencia de los actuales vocales en el órgano de gobierno de los jueces es una anomalía, una falta de respeto a la propia institución que representan y una vulneración de la Constitución por parte de aquellos que dicen defenderla.
Que el acuerdo está más cerca que el desacuerdo parece evidente y se viene hablando de él desde el pasado verano, aunque siempre cabe utilizar cualquier pretexto para dilatar el momento del cambio, que en este caso es aún más relevante por cuanto supondrá un cambio de mayorías y los vocales de adscripción progresista original –luego puede alterarse el equilibrio, como ocurre en la actualidad- tendrán mayor peso que los conservadores. En esta ocasión hay una doble barrera utilizada como freno para la renovación: la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, porque el PP no está dispuesto a que el Gobierno se apunte dos tantos de relevancia en un corto espacio de tiempo; y las elecciones en Cataluña porque la campaña va a ser también una prueba de esfuerzo para los populares hasta ver cómo queda la correlación de fuerzas de los partidos de derechas en el Principado.
Pero, cuánto más tiempo se tarde en abordar la renovación del CGPJ, más en evidencia puede quedar el Partido Popular. Si, como dice el ministro de Justicia, el acuerdo está casi cerrado, es un hecho que lo está sobre la base de la actual forma de elección de los vocales con la intervención del Parlamento, y no de forma corporativa por los propios jueces, que es una de las líneas que el líder popular, Pablo Casado, puso como forma idónea para su designación para evitar la politización de la justicia por este medio. No sería, sin embargo, la primera vez que el PP se olvida de esta promesa electoral. De hecho, el actual CGPJ tuvo su origen en un pacto entre populares y socialistas con Alberto Ruiz-Gallardón al frente del Ministerio de Justicia y luego Rajoy tampoco hizo intención de modificar el sistema. En cuanto a la presencia de Unidas Podemos en esa negociación hay formas de soslayarla, como ya habrá hecho el ministro sin que se pueda evitar que se elijan vocales con mayor cercanía a ese partido, mientras que el proyecto de ley para modificar las mayorías necesarias para la elección de los vocales duerme congelado en el Congreso sin que por el momento haya intención de reactivarlo, pese a que Pablo Iglesias lo siga esgrimiendo como amenaza.
Como la duración del mandato de los nuevos vocales es de cinco años, para no coincidir con la duración de las legislaturas, cuanto más tiempo pase sin renovación más tiempo tendrá que cohabitar un gobierno del PP con un CGPJ de mayoría progresista en el caso de que gane las próximas elecciones generales. O, si se da un caso de filibusterismo como ocurre ahora, podría coincidir todo ese mandato.