Jugar a espías tiene sus riesgos. Tanto, que la estabilidad de un gobierno puede correr un serio peligro como ahora le ocurre al de Pedro Sánchez ante la falta de explicaciones que exigen sus socios en la gobernanza o los partidos que le sostienen en su mayoría parlamentaria. Y todo por el llamado caso Pegasus, que tiene toda la pinta de ser un derrape gubernamental en la práctica de esos juegos de espías que siempre se realizan en el lado oscuro de una democracia ya de hecho muy vapuleada por los escándalos que sucesivamente protagonizan instituciones y personas, desde Jefes del Estado hasta modestos concejales del último pueblo del mapa, y que tendrían que ser los adalides de esa democracia en la práctica.
Que el Gobierno de España no se fíe de los independentistas catalanes es absolutamente normal dados los hechos y las palabras que conjugan a diario. Pero en una democracia plena hay maneras de organizar la acción que se deriva de esa desconfianza y no caer en el error de sobrepasar determinadas líneas rojas que rompen con los más elementales principios democráticos y convierten en víctimas del sistema a quienes solo son unos aprovechados del mismo. Una cosa es el espionaje, la utilización  de unos servicios de información adecuados a un país democrático, y otra caer en la chapuza que convierta ese espionaje en un manual propio de dictaduras y totalitarismos en donde todo vale. Y para que no todo valga, una vez que es evidente que espionaje ha habido, habrá que dar explicaciones y no evasivas a las preguntas que los hechos evidenciados plantean. El juego de espías solo tiene una casilla final para ganar: la obligada transparencia democrática.