Lo primero que hizo Donald Trump al llegar al poder el 21-1-2017 fue anular la adhesión de B. Obama, sin previa consulta al Congreso, al acuerdo climático de París. Lo primero que hizo J. Biden al tomar posesión el 21-1-2021 fue anular todas y cada una de las leyes aprobadas durante la administración Trump. En un mes todo estaba listo para empezar otra oleada legislativa que, posiblemente, no será más duradera que las anteriores.
El Gobierno de P. Sánchez pasará a los anales de la historia española como el que más ministros ha tenido y el de más propuestas legislativas por ministro. No piensen ustedes que se trataba de temas secundarios. Su importancia era tal que requerían una ley del Parlamento avalada por informes de Consejo de Estado, comités de ética y comisiones de especialistas. Para ahorrarse el bochorno de las críticas, el Gobierno las aprobó por decreto-ley alegando motivos de urgencia. Luego las llevó al Congreso para que las refrendara el mismo día. Un voto de diferencia era suficiente. 
Mi consejo al próximo Gobierno español es que elabore una lista de normas «sospechosas» y las presente al Parlamento para que las anule en un mes. No se trata de hacer tabula rasa de todo. Basta con derogar los decretos leyes que no respondían a la urgencia exigida por la Constitución y se saltaron los informes preceptivos. 
Con esta dinámica, ¿no acabaremos destruyendo el estado democrático de derecho? Así es y para evitarlo hemos de exigir que las instituciones básicas del Estado y los derechos fundamentales de la persona solo puedan ser reguladas mediante una ley orgánica. Y algo más. La aprobación modificación o derogación de esas leyes requerirá el 60% del Parlamento.  ¡Urge blindar el Estado democrático de derecho antes de que se lo lleve el viento!