Cuando un precio se dispara, el de la electricidad, por ejemplo, caben tres alternativas: topar el precio, frenar la demanda o aumentar la oferta. Y hay dos maneras de actuar: desde arriba (por decreto ley) o desde abajo (acuerdos privados en mercados competitivos). En la UE, España a la cabeza, parece que prevalecerá la opción intervencionista: el Gobierno racionará el consumo tras topar el precio de la electricidad, el gas y el petróleo. Yo me inclino por la opción liberal: mercados competitivos donde la libre iniciativa multiplica la oferta cuando se dan las condiciones oportunas. 
El esquema podía ser tan simple como este. (1) Los consumidores de electricidad (empresas y hogares) contrataríamos libremente con las comercializadoras el precio del kWh durante los próximos 365 días. (2) Estas pequeñas empresas acordarían el precio con los grandes suministradores, asegurándose de alguna manera. (3) Los productores de electricidad (grandes y pequeños) se cuidarían bien de generarla con las fuentes más baratas. El resultado esperable es que los parques eólicos y solares se multiplicarían cuantas veces sea necesario.
Si las grandes empresas europeas no están por la labor, peor para ellas. La inversión extranjera llegará a raudales cuando se percaten que en la UE la electricidad se vende 10 o 100 veces por encima de su coste. Como ocurre en el resto de sectores, el precio de la electricidad tenderá al coste de producción y la tasa de beneficio a la normal. Las empresas que generan electricidad con gas y otros combustibles fósiles lo tienen claro: o reducen sus costes o desaparecen. El coste monetario para el Gobierno sería nulo. Sólo se le pide que liberalice el sector eléctrico de una vez por todas. Y que tire por la borda esa nefasta fórmula marginalista que no pasa de ser una mala traducción de la teoría de precios de D. Ricardo (1817).