Solo hay una proclama cierta en España en torno a nuestro idioma, una declaración rotunda y amparada por la Constitución que nos rige y manda: «el castellano es la lengua oficial del Estado». (artículo 3). Lo demás es ruido y ajetreo, intereses partidistas y mensajes de la ministra de turno con aspavientos y desgañitándose en las Cortes en defensa de otras lenguas de comunidades autónomas. Y tampoco sabemos, en definitiva, a quién beneficia en pleno coronavirus 2020 esta lucha en contra de la manera de hablar de Cervantes. Aunque debe ser, a juzgar por las declaraciones de algunos parlamentarios, la pretendida ilusión de que el idioma español mengüe mientras el catalán y el euskera, el gallego y hasta el bable (dialecto de Asturias) crecen cada día un palmo.
A ver si, entre todos (unos diez millones de hablantes) consiguen poner a la sombra a unos 580 millones de personas que entienden y como se debe las palabras en español del poeta Gonzalo de Berceo, ya dichas en el siglo XIII, las de Jorge Manrique y de San Juan de la Cruz, las de Machado (cualquiera de los dos), de Lorca y de Paco Brines (el último premio Cervantes). Todo un tesoro. La herencia que una ministra sobrevenida, con esfuerzo ridículo y titánico, quiere dilapidar a manos llenas en una legislatura. Ese caudal de sílabas preciosas que a todos nos adornan.
Niños de ahora, creced sin miedo, como hacen desde siempre los árboles. Preguntarán los siglos venideros por una tal señora Celaá (como se escriba). Nadie la recuerda. Nadie, nadie la ha visto pasar. Mientras que la lengua española, triunfante, qué bien suena por los espacios sin fin.