El teletrabajo, que ha registrado una irrupción inesperada y masiva forzado por la pandemia, se incorpora a la legislación laboral con el consenso de patronal, sindicatos y Gobierno. En esta coyuntura, era perentorio sentar las bases legales de esta modalidad de trabajo de tal modo que beneficie tanto a empleadores como a empleados. Así, no podrá ser impuesto por ninguna de las partes, será reversible, la empresa deberá cubrir los gastos asociados, y aunque se trabaje a distancia se garantizan los mismos derechos y deberes que el resto de empleados. Gracias a los frutos del diálogo social, se aprueba una norma necesaria que permitirá avanzar de forma ordenada para que cada vez más españoles puedan realizar las labores profesionales desde su casa. Durante y después de la pandemia, cuando realmente comprobaremos el potencial del teletrabajo. 

Hay que reconocer que el miedo al trabajo en remoto se ha perdido a la fuerza en apenas seis meses en los que, con el tesón de empresas y trabajadores, ha tocado hacer de la necesidad virtud. Se estima que un tercio de los españoles podría conectarse de forma telemática desde casa y que en lo más duro del confinamiento estuvimos muy cerca de ese potencial máximo, cuando antes de marzo solo lo hacía un 8%. Hay países europeos donde esa tasa llega al 20%. Margen, por tanto, para avanzar hay de sobra, la cuestión es hasta dónde quieren llegar empresas y empleados. Una vez tapado el vacío legal, serán precisas otras medidas y estímulos que impulsen un cambio de cultura laboral y organización empresarial para que se desarrolle con éxito. Las empresas, que ahora asumirán los costes, deberían contar con más incentivos para apostar por el trabajo no presencial. También es preciso despejar dudas referentes a la conciliación o al derecho a la desconexión. Se antoja imprescindible una negociación en los convenios colectivos que responda a las diversas necesidades y casuísticas. 

El trabajo no presencial se ha revelado como una opción útil, permite un ahorro de costes, de desplazamientos, y puede llegar a mejorar la productividad, la competitividad, incluso la vertebración territorial, como coincidieron ayer la ministra de Trabajo y los agentes sociales. Todo esto está muy bien, si se aplica de manera correcta, claro. Con el debido y parecido ímpetu comenzó el año pasado, por ejemplo, la obligatoriedad del control horario y ahora no son pocas las empresas que han aparcado o relajado el registro de la jornada. A partir de ahora, las partes concernidas deberán extremar las precauciones para que teletrabajar no se convierta en una alternativa distinta a la finalidad para la que realmente está pensada.