Si me pidieran una frase para calificar el año 2022 escribiría: «El año en que el Gobierno español intentó dar un golpe contra la Constitución desde dentro, es decir, practicando un reiterado fraude de ley». Con la mano derecha aprobaba decretos leyes para puentear el debate parlamentario y los informes preceptivos. Con la mano izquierda cambiaba la forma de elección de los magistrados para evitar que el Tribunal Constitucional anulara sus leyes.
A quien me preguntara por la lección jurídica que he aprendido del año 2022 le respondería: "Si no aceptamos que el poder ejecutivo controle al judicial hay que evitar que participe en la elección de los magistrados". Lo dice la Constitución española (CE) y nos lo machaca la Unión Europea. También la sabiduría popular desaconseja poner a la zorra al cuidado del  gallinero. 
¿Cómo blindar a los tribunales si la propia CE atribuye al Congreso, Senado, Gobierno y CGPJ la elección de un número determinado de magistrados? ¿Cómo asegurar su independencia si estas instituciones están controladas por el partido político dominante en cada momento? Una forma sencilla consistiría en obligar a esas instituciones a elegir su cuota entre los propuestos por el Tribunal Supremo. En la lista de marras aparecerían solo los jueces que cumplen los requisitos habituales de promoción y acepten las nuevas responsabilidades. 
Si a los políticos no les gusta la Constitución vigente siempre pueden modificarla siguiendo los procedimientos establecidos. Quienes disfrutan cambiando las reglas de juego a la mitad de partido y por la puerta de atrás, mejor que busquen otro planeta para tener un feliz 2023.