Ha tardado, pero finalmente Pedro Sánchez se ha manifestado respecto a los actos de brutal violencia que se viven estos días.
“En una democracia como la que tenemos en España es inadmisible la violencia”, ha dicho. Doble bofetada a su vicepresidente segundo: una por condenar la violencia y otra por considerar que España es una democracia, dos asuntos sobre los que dirigentes de Podemos, empezando por el propio Iglesias, han hecho declaraciones contrarias a las del presidente del gobierno.
Sánchez sin embargo debería ir más allá, porque ningún gobierno democrático admitiría en sus filas a miembros de un partido que no solo no condena actos vandálicos como los que estamos viviendo, sino que incluso los alienta como hace Pablo Echenique. El que calla otorga, y si Iglesias no da instrucciones claras a su portavoz parlamentario - es el único que puede hacerlo- hace suya su indignante posición. No se puede admitir que se repitan escenas más violentas incluso que las de aquella kale borroka que apoyaba a los terroristas de ETA.
España vive momentos convulsos, pero sus gobernantes deben impedir que se produzcan actuaciones como las de eta semana, con personas que recurren a la máxima agresividad para apoyar a un delincuente. Delincuente. Porque eso es el rapero Hasél, un delincuente. Al que hace seis años Pablo Iglesias trataba con evidente desprecio cuando en una entrevista le dijo que él, Iglesias, estaba en contra de defender cualquier tipo de ideas a través de la violencia.
Habría que preguntarse por qué la actitud del gobierno central no es más contundente ante actitudes que apenas se han vivido en España y que solo se conocían por referencias de la televisión, cuando llegaban imágenes de manifestaciones similares en países en las que la democracia brilla por su ausencia. Marlaska ha agradecido su labor a las fuerzas policiales, pero ha faltado más energía, muchísima más energía, por parte de destacados miembros del gobierno. Solo Carmen Calvo ha salido desde el primer momento condenando las actuaciones de los antisistema e independentistas, que son mayoría entre los manifestantes que tanto gustan a Podemos. Otros miembros del gobierno han callado o no se han pronunciado con la suficiente energía ante hechos de una gravedad extrema.
Habría que preguntarse también qué habría ocurrido si las actuaciones de estos tipos , estremecedoras, inquietantes y peligrosas, las hubieran provocado simpatizantes de la ultraderecha. Con toda seguridad, el gobierno habría salido en bloque a denunciarlas, condenarlas, con instrucciones precisas a las fuerzas de seguridad para que no dudara en llenar sus camiones con manifestantes detenidos. Y se habría aprovechado la ocasión para identificar a los radicales de la derecha con la violencia e incluso con el terrorismo callejero.
Los ciudadanos de esta España de coalición entre un partido era sensato, y otro que nunca lo ha sido, tiene motivos para sentirse alarmada ante la tibieza con la que se actúa contra los desalmados que arrasan con todo lo que encuentran a su paso.