DESDE EL ALTO TAJO

Antonio Herraiz


Memoria, dignidad y justicia

05/02/2021

Era octubre del año 2000. José Francisco de Querol apuraba su última etapa en el Tribunal Supremo como magistrado de la Sala de lo Militar. Había nacido en Tarragona y tenía previsto jubilarse en apenas un mes. José Francisco estaba casado y tenía cuatro hijos. Para acudir a su despacho, cambiaba con frecuencia de trayecto y también de vehículo. No sirvió de nada.
Jesús Escudero, de 53 años, era Policía Nacional. Al igual que el magistrado, también estaba casado y tenía cuatro hijos. Estaba destinado en la Brigada de la Policía Judicial de Granada, su destino fijo. De forma puntual, el agente Escudero realizaba labores de escolta y llevaba tres semanas destinado en el servicio de protección del juez José Francisco de Querol.
Armando Medina era el Chófer del magistrado del Supremo. Había nacido en Melilla y llevaba ocho años trasladando a los jueces del Alto Tribunal. Desde 1998 le había sido asignada la conducción del coche oficial del magistrado militar De Querol Lombardero. Estaba casado y tenía un hijo.
Jesús Sánchez Martínez, de 35 años, era natural de Villamayor de Santiago (Cuenca), estaba casado y no tenía hijos. Vivía con su esposa, Belén, en Rivas Vaciamadrid. Jesús era conductor de autobús en la línea 53 de la Empresa Municipal de Transportes.
A los cuatro, les esperaba un coche bomba aparcado en pleno distrito de Ciudad Lineal, en la esquina de la Avenida de Badajoz con la calle de Torrelaguna. El objetivo era el coche oficial del magistrado de la sala quinta del Supremo y los terroristas habían examinado previamente todos sus movimientos y las inmediaciones del lugar donde pretendían cometer el atentado. Cuando el vehículo conducido por Armando Medina pasó por el lugar, los terroristas accionaron por control remoto una bomba cargada con 35 kilos de explosivos. El vehículo saltó por los aires, al caer se incendió y sus tres ocupantes fallecieron en el acto. Decenas de transeúntes resultaron heridos, entre ellos el conquense Jesús Sánchez, cuyo autobús pasaba justo por el lugar en el que se produjo la explosión. La onda expansiva impactó directamente en el vehículo de la EMT, entrando por la esquina en la que se encontraba Jesús. Sufrió un traumatismo craneal con pérdida de masa encefálica y falleció ocho días después en el hospital Ramón y Cajal. El día de su muerte fue nombrado hijo adoptivo de Villamayor de Santiago y una de las calles del municipio tiene su nombre.
Es el último atentado que se atribuye al comando Madrid de ETA que sigue sin resolver. Dos décadas después es noticia porque la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha pedido la reapertura judicial del caso ante la aparición de un plano de Madrid con marcas y anotaciones intervenido por la policía a la banda terrorista en 2009. La novedad se conocía el mismo día en el que la Asociación de Víctimas del Terrorismo cumplía 40 años. En estas cuatro décadas, la AVT ha trabajado para dar apoyo jurídico, social y psicológico a las víctimas y también para impulsar casos que habían quedado en un cajón. Un aniversario muy redondo que esconderán en el Gobierno, después de aceptar, sin despeinarse, el apoyo de Bildu para aprobar los presupuestos. Por eso, ante el vergonzante silencio de Moncloa, destaca más el mensaje del presidente de Castilla-La Mancha: «40 años de trabajo incansable por y con las víctimas del terrorismo. Gracias AVT. No elegisteis ser víctimas, pero sí luchar por la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia. Mi admiración y respeto».