En este país, lo malo no son las grandes cuestiones, sino la trampa que encierra la letra pequeña. En casi todo y casi siempre. Pongamos que hablo de los Presupuestos, por ejemplo. A mí, en principio, no me parece mal una redistribución impositiva, e incluso pienso que se podrían haber gravado algo más las grandes fortunas y determinadas sucesiones; en ese sentido, pienso que las cuentas del Estado que se van a debatir dentro de pocos días en el Parlamento son apenas levemente socialdemócratas. Y ni mucho menos suponen un antes y un después, el inicio de una nueva era cuasi revolucionaria. Contra lo que, de manera algo pretenciosa y adanista, quiso anunciar el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, cuando, de manera algo impertinente -ni le tocaba hacerlo a él, ni era La Moncloa el lugar para hacerlo-, se plantó ante las televisiones para darnos una primera explicación de en qué van a consistir esos PGE tan 'trabajosamente negociados y pactados', euro a euro, por el Gobierno A con el Gobierno B.
Bueno, y ahí viene lo de la trampa.
No quisiera ser mal pensado -piensa mal y no siempre acertarás, aunque sí muchas veces-, pero me temo que una parte de esa negociación del Ejecutivo A con el Ejecutivo B ha generado eso que yo llamaba al comienzo 'la trampa'. Son estos que ahora se debaten unos Presupuestos 'de guerra', para salir de una situación desesperada. Y que, por tanto, tendrían, en aras de una mejor redistribución social, que haber procurado un recorte drástico en gasto público superfluo. Qué menos, me decía yo cuando aún, hace tres días, era un ingenuo, que suprimir algunos ministerios innecesarios, podar algo en asesorías, básicamente para, desde el poder, dar ejemplo a un país al que se va a prescribir austeridad forzosa a toneladas.
Desde ese punto de vista, ya digo que sin duda algo naif, parecería que Departamentos como el de Igualdad, regentado por doña Irene Montero, correligionaria y pareja sentimental del mismo vicepresidente que nos presentó las cuentas generales del Estado, o el de Consumo, detentado -sí, detentado_por el ministro don Alberto Garzón, también emparentado ideológicamente con el señor Iglesias, bien podrían desaparecer sin causar gran daño a la nave del Estado.
Pues no señor: el Ministerio de Igualdad, que es ese que encarga estudios para averiguar si las niñas se sienten constreñidas por ir vestidas, al nacer, de rosa, no solo no desaparece o se integra en otro Departamento; la verdad es que en la lotería del reparto presupuestario le han caído 403 millones de euros, apenas, bah, peccata minuta, un 129'5 por ciento más que el año anterior. No me diga usted que eso no huele a 'negociación familiar' para lograr que la parte B, o morada, del Gobierno, apruebe las cuentas generales hechas por la parte A, o rosácea. Y la verdad es que el caso del departamento de Consumo y de la regulación del juego, que yo mismo no sé bien en qué consiste, resulta algo más modesto: cuarenta y un insignificantes millones de euros, pero que significan un apreciable incremento del 68'4 por ciento con respecto al 'pocket money' del que el señor Garzón disfrutaba en 2020.
No quisiera que nadie me tachase de hacer demagogia, cuando solo pretendo reclamar ejemplaridad y patriotismo. Pero cuando, dentro desgraciadamente de no mucho, venga algún prócer a pedirme que me apriete el cinturón, o se lo pida a nuestros pensionistas, a los que aún no han cobrado el Ingreso Mínimo Vital, a los que esperan y desesperan por cobrar un ERTE, no quiera olvidarme de estos porcentajes. Ni de que algunos de los titulares de los ejemplos que aporto trataron de subirse el sueldo como parlamentarios, afortunadamente sin lograrlo. No, no es demagogia. Es, simplemente, crítica. Y un poco de indignación, claro.