Pedro Sánchez se dispone a tomar al asalto el edificio de la Justicia. Ya tiene el Ejecutivo, con el soporte de Podemos. También en Legislativo, con su espantoso Frankenstein. Y ahora le toca el Judicial. Dio el primer paso al nombrar a su ministra de Justicia, Dolores Delgado, al frente de la Fiscalía General del Estado, una aberración sin equivalente alguno en las democracias occidentales. Ahora prepara la ocupación del gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial.
Tal y como está diseñado su actual sistema de designación de los vocales de la cúpula judicial, se precisa el concurso de dos tercios de la Cámara para elegir a sus miembros. Sánchez, que apenas tiene 120 diputados, ni siquiera con la suma de todos sus respaldos periféricos y golpistas varios, logra redondear esa suma. El PP, de momento y en una actitud sensata y que honra a Pablo Casado, estima poco adecuado proceder a este cambio en el CGPJ mientras no sea por la vía del consenso. El presidente del Ejecutivo, fiel a su estilo, pretende la renovación por imposición.
Por eso habla de que el PP ‘bloquea’ las instituciones. Es decir, porque no se aviene a asumir sus instrucciones y de rodillas. ‘Anticonstitucional’ llegó a llamar al primer partido de la oposición la portavoz del Ejecutivo socialcomunista. Sánchez pisa el acelerador para ocupar el edificio de la Justicia y ya habla, naturalmente, de modificar el sistema de elección del Consejo. Una forma de gobernar muy bolivariana. Si no me gusta algo, lo cambio. O lo expropio. O lo declaro ilegal. O lo dinamito.
Sánchez considera que los jueces son un obstáculo para sus ambiciones, un contrapoder incómodo y molesto. Por eso los quiere controlar. Los quiere designar con su dedito. Pretende sojuzgar la Justicia y en eso está. De momento no ha encontrado obstáculo alguno en todas las enormidades antidemocráticas que está perpetrando. Lo logrará. Y entonces, sí. España dejará de ser un Estado de Derecho y estará más cerca del Caribe venezolano.