Menudean estos días las noticias sobre movimientos empresariales para las primeras ferias taurinas del próximo 2021. Es bueno que las empresas hagan proyectos sobre el papel, en cuanto a número de festejos y tope de aforo de las plazas. Pero no se debe olvidar que aún estamos en plena pandemia, y que, en un momento dado, todo lo que se proponga puede convertirse en papel mojado.
Hay que tener muy en cuenta la posición de determinados miembros del Gobierno, con auténtico poder en el mismo, en cuanto al acoso y derribo a una Fiesta que no se sabe por qué han llegado a creer que su aniquilación les beneficiaría electoralmente. Tampoco a estos elementos les conviene demasiado hacer castillos en el aire, no vaya a ser que se les desmoronen, puesto que cuando un sector importante de españoles se sienten pisoteados en sus derechos suelen surgir imprevistos difíciles de afrontar. 
Pienso, y esa facultad no me la han quitado todavía, que lo que a la larga podría resultar más positivo sería que se tratara de crear un cauce de diálogo, en el que se comprometieran, tanto el Gobierno como los profesionales de la tauromaquia en el orden empresarial, artístico y ganadero, a establecer normas de actuación lógicas y eficaces, dejando a un lado los intereses tanto económicos como políticos de unos y otros. Cosa harto difícil en un país en el que quienes están en posesión de cualquier clase de poder no suelen resistir la tentación de dejar patente aquello de «el que manda, manda y cartuchera al cañón».
Bien que hagan planes los que conocen la realidad del negocio taurino, pero si el Gobierno se niega a aceptar sus opiniones, será como clamar en el desierto. Y en un futuro sin Fiesta, este país se parecerá a España como un huevo a una castaña.