Los sucesos ocurridos en la valla que separa Melilla de Marruecos son una muestra de lo que ocurre cuando se subcontrata el control de las fronteras españolas y europeas a países autocráticos con escaso o nulo respeto por los derechos humanos -y mucho menos si se trata de los de migrantes subsaharianos-, bien mediante el pago de ingentes cantidades de dinero, bien por acuerdos políticos como el alcanzado entre el Gobierno de España y Marruecos para controlar los movimientos migratorios y a las personas que se hacinan al lado de la valla que separa los dos mundos más desiguales.

El número de muertos recontados que pueden rondar el medio centenar, y el trato que recibieron quienes no pudieron saltar la valla por parte de los cuerpos de seguridad marroquíes no debe hacer olvidar que hechos similares se producen periódicamente, seguirán teniendo lugar y que tanto la ruta mediterránea como la atlántica utilizadas por los migrantes se han convertido en fosas comunes en las que resulta difícil conocer el número de fallecidos que se producen como un goteo incesante.

La primera demostración práctica del compromiso de Marruecos sobre el control de los flujos migratorios, tras el cambio de la posición tradicional de España con respecto al Sahara Occidental, no ha podido ser más decepcionante y más ilustrativa. Si la forma en la que el reino alauí cumplirá su compromiso es mediante el desprecio a la vida y los derechos de personas que huyen de la guerra, los golpes de Estado, de la hambruna sin que se atienda su derecho a pedir asilo y protección internacional, quizá el Gobierno español tendría que replantearse el acuerdo que ha alcanzado con Marruecos en este capítulo.

El problema de los movimientos migratorios procedentes del África Subsahariana no tiene fácil solución a corto plazo si lo que se pretende es que la cooperación internacional, que es insuficiente, arregle una situación que seguirá creciendo. Por lo tanto, son necesarios sistemas más eficaces de petición de asilo o fórmulas legales en origen que puedan ayudar a paliarlo. Sin duda la lucha contra las mafias del tráfico de personas es indispensable en los lugares de salida y de aproximación a la frontera española y europea, pero la solución debe ir más allá de elevar aún más las vallas que separan África de Europa, de aumentar el número de efectivos policiales en la frontera, o de dar la impresión de que si la OTAN fija su atención estratégica también en el flanco sur, y considera las migraciones como un elemento más de las nuevas guerras híbridas, podrían producirse intervenciones militares para impedir el paso de los migrantes.

Las discrepancias entre los dos socios del Ejecutivo a la hora de abordar los sucesos de Melilla están en este caso más que justificadas y procede de una valoración muy mediatizada por parte de Pedro Sánchez al cargar la responsabilidad de unos hechos ni más ni menos violentos que en otras ocasiones, sobre una parte movida por la desesperación y exonerar a la otra que debía haber actuado conforme a las reglas del derecho internacional. Por ese motivo habría que atender las peticiones de movimientos de defensa de los derechos humanos de que se realice una investigación internacional para evitar que vuelvan a repetirse actuaciones como la de los cuerpos de seguridad marroquíes y más aún si ha habido connivencia con los españoles.