A mí no me gustaría tener un yate. Uno de mis deseos sería gozar de buenos amigos que sí lo tuvieran para que llegado el mes de agosto me pasearan de Ibiza a Pollensa, y de allí a Cerdeña. Luego, en Il Billionaire de Porto Cervo, que me invitaran a una botella de Bollinger. Pero yo sin llevar ni tener dinero, que solo da quebraderos de cabeza. Todo ello es mi deseo, pero no mi derecho.
En nuestra sociedad actual se confunde mucho la humana necesidad de tener lo que el vecino disfruta, con la capacidad de exigírselo al Estado. Hay ejemplos en lo privado y en lo público. Pongamos en lo privado: una pareja, heterosexual, homosexual o una persona individual, desean tener hijos y la naturaleza no se los facilita. Tampoco quieren adoptar. Pues entonces, algunos argumentan que tienen derecho a que una mujer sea utilizada para albergar en su vientre a un ser humano que luego les va a entregar a ellos. Sea o no mediante precio, los poderes públicos no pueden ir legislando para que se cumplan nuestros anhelos, a toda costa, y por encima de los derechos irrenunciables de los demás. La vida es así: no todo se puede comprar ni conseguir, y si alguien lo obtiene con malas artes, la sociedad no está obligada a justificar ni asumir que se generalice.
En el ámbito de los deseos y anhelos de las colectividades y los grupos sucede lo mismo: si una o un millón de personas pretenden que su tierra sea una república independiente del Estado al que pertenecen, eso no se convierte automáticamente en derecho. Tendrán que apelar a alguno de los principios reconocidos como efectivos derechos por el orden internacional, nacional y los convenios en la materia, para justificar su deseo. Pues bien, ese derecho a decidir no lo tiene una parte del pueblo catalán, ni tiene cobertura legal ni legítima. Y no aguanta un asalto frente a derechos fundamentales de otros cientos de miles de sus conciudadanos, que nunca se podrán ver privados de su nacionalidad, lenguas, estatuto jurídico, residencia, etc. etc., solo para cumplir la voluntad de una parte, por numerosa que sea.
Creo que debemos de hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger el Estado Democrático y, sobre todo, los derechos inalienables de los catalanes a los que ellos quieren privar de todo, solo para cumplir un sueño, que siempre ha sido pesadilla. Ante la debilidad del gobierno de Pedro Sánchez ellos siguen amenazando, esta vez a la Justicia, con actuar como golpistas y delincuentes, y si al final trasladan a la práctica sus planes, la sociedad los tiene que tratar como tales.