Quim Torra ha conseguido lo que quería. Alargar lo indecible la agonía del ‘procés’ e irse simulando que es un mártir. Pero no lo es ni para los propios. Torra no es Puigdemont, ni Artur Mas. Será recordado como un político mediocre, que no ha cumplido con ninguno de los principios con los que se comprometió en el Parlament, que ha pisoteado los derechos y libertades de todo el conjunto de la población. Se ha retratado como un predicador del odio que vino para dividir y no para reconciliar. Para el independentismo, su paso por la Generalitat ha sido un fútil pretexto para continuar con el viaje kamikaze de sus antecesores. La desobediencia era tan explícita y tan dirigida a provocar la condena que ni sus compañeros clamaban por su presunción de inocencia. La espiral del conflicto les sale a cuenta. El ya expresidente sabía que mantener aquella pancarta provocaría su inhabilitación para un cargo por el que nunca mostró mucho interés en ejercer. Era la vía más rápida e inocua para quitarse de en medio y seguir echando leña a la llama separatista que se aviva con victimismo cuando corre el riesgo de apagarse por inanición. Y cuando ve cerca una cita con las urnas.

Los indignados por su inhabilitación solo pueden fingirlo para salvaguardar su relato, pero lo cierto es que lo único que sucede es que vivimos en un Estado de Derecho. Torra no ha sido condenado por poner una pancarta o por no descolgarla. Lo ha sido por secuestrar los espacios públicos de todos los catalanes para inundarlos con propaganda separatista, por no respetar la neutralidad institucional, por desatender los persistentes requerimientos de la Junta Electoral. Nada amparaba la desobediencia en que incurrió; ninguna circunstancia que pudiera tener encaje en lo previsto en el Código Penal respaldaba su actuación. Tampoco el constante recurso al derecho fundamental a la libertad de expresión como eje y pilar de sus decisiones. Es así como se erosiona la democracia y se pervierten las instituciones.

Con su ‘autoinhabilitación’, Cataluña entra ahora en un peligroso periodo de interinidad que, con toda probabilidad, intentarán alargar al máximo los interesados. Pero si hasta ahora era difícil encontrar causas que explicasen la prórroga de una legislatura agotada casi desde que empezó, salvo en la pugna entre JxCat y ERC por la hegemonía del independentismo, ahora ya es imposible. Más en tiempos de pandemia. Y lo que enmaraña hasta límites insospechados es la política nacional y, por ende, la negociación de los Presupuestos del Estado. Hoy por hoy, mantener abierta cualquier esperanza o vía de diálogo, por grande o pequeña que sea-, con quienes apelan a «la ruptura democrática» como única vía para conseguir la independencia, como ayer volvió a hacer Torra en una declaración institucional junto a sus consejeros -incluidos los de ERC-, contraviene los valores democráticos.