En las últimas semanas he roto una lanza a favor del liberalismo. Ante la imposibilidad de ponernos de acuerdo sobre los valores que deben transmitirse en la educación, las expresiones culturales que conviene apoyar o la forma de organización socioeconómica, dejemos libertad para que cada persona y grupo se organice como mejor le parezca. La conditio sine qua non, es que todos y cada uno, empezando por el Estado, respetemos la ley natural. Se llama así, precisamente, porque es la más adecuada a la naturaleza humana, la mejor garantía del desarrollo personal y de la paz social. Los códigos morales de todas las épocas y latitudes han refrendado la ley natural ya sea en forma de prohibiciones («no matarás, no robarás, no mentirás»), de derechos (vida, la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica), o de instituciones (familia educadora y empresa inversora).
La negación de la ley natural y el ataque a las instituciones que la protegen constituye una de las mayores amenazas de nuestros días. Obrando así, dinamitamos la base de nuestra civilización y el referente al que mirar. Desaparecen los límites científicos y morales, que encauzan la libertad individual. «Es cierto y bueno porque lo digo yo, punto». En caso de conflicto prevalecerá la verdad y la moral del más fuerte, es decir, el que ha sido capaz de aglutinar el 51% de los votos. El Estado democrático de Derecho, buque insignia de la civilización occidental, sufre una tensión tan innecesaria como peligrosa. ¿Hasta cuándo resistirá? ¿Qué vendrá después? 
Quedan motivos para la esperanza. Tratándose de leyes e instituciones naturales resulta imposible acabar con ellas. Resurgirán de sus cenizas, cual ave Fénix.