El resultado de las elecciones autonómicas de Madrid, con una contundente victoria del Partido Popular sobre el bloque de izquierdas que sostiene al Gobierno de España, ya ha sido reconocido personalmente por el presidente, Pedro Sánchez, como un serio aviso de la ciudadanía. Lo hizo ayer en Grecia, adonde ha viajado para entrevistarse con el primer ministro griego y participar en un foro que promueve ideas para un crecimiento sostenible y competitivo en Europa y el Mediterráneo. Ese reconocimiento ante los periodistas españoles, sin embargo, fue acompañado de varios matices sobre el contexto de la campaña electoral madrileña, justificación que a la postre resta valor al intento de autocrítica y que muestra a un Sánchez desorientado respecto a la realidad una semana después de la derrota.

 La descoordinación parece haberse apoderado del presidente y su Gobierno. Con algo tan relevante como la gestión sanitaria de la pandemia tras decaer el estado de alarma, ayer mismo el propio Sánchez y su ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, arrojaron más confusión acerca de la batalla legal que muchas comunidades autónomas mantienen ya con los tribunales de Justicia. Campo había publicado un artículo en El País apuntando la predisposición del Gobierno a acometer cambios legales si el Supremo dejaba a las comunidades autónomas sin margen para implantar confinamientos o toques de queda. Sánchez replicó desde Grecia que los gobiernos autonómicos tienen instrumentos jurídicos suficientes para combatir la pandemia. O el presidente no está al corriente de la disparidad de criterios de los distintos tribunales en los últimos cuatro días al respecto o no es consciente de la sensación de inseguridad sanitaria y jurídica que sus palabras pueden llegar a generar.

 La situación sanitaria de España es todavía muy complicada, mucho más de lo que los gobiernos -tanto nacional como algunos autonómicos- asumen a día de hoy. Pese a que el propio Sánchez reiterase ayer su convicción de que en cien días el país habrá alcanzado la inmunidad de rebaño, con el 70% de población vacunada, es necesario todavía arbitrar medidas que aseguren un descenso de los casos activos y de la incidencia acumulada que no esté fiado exclusivamente al ritmo de vacunación. Haría bien el presidente de Gobierno en recoger el guante que le tendió ayer el líder del Partido Popular, Pablo Casado, para disponer en el menor plazo posible de un marco jurídico que permita a las comunidades tomar decisiones para ese fin. De hecho, la iniciativa debería haber partido de Moncloa semanas antes de que finalizase el estado de alarma, pero no se produjo. Y ayer hubiera bastado un análisis del comportamiento social del fin de semana para entender que la vacuna por sí sola no será suficiente para garantizar un comienzo de verano satisfactorio.