Los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal del Empleo) pasarán a la historia como la única medida que suscitó el consenso entre los agentes políticos y económicos durante la pandemia. Aunque no sea un invento español, hay que aplaudir la claridad de ideas y la fuerza de convicción de la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (UP). El consenso se logró tras reconocer que la Covid-19 nos había precipitado en una «economía de guerra» donde los principios que rigen una economía de mercado en tiempos normales quedan «entre paréntesis». Los ERTE permiten a las empresas desentenderse del pago de las nóminas (lo hará la SS) a condición de readmitir a toda la plantilla cuando se normalice la situación económica.
La excepción debe interpretarse en términos amplios. Hay que ayudar a todas las empresas y autónomos hasta que recuperemos la normalidad. El dinero saldrá de los 140.000 millones de euros prometidos por la UE. Mientras llegue ese dinero, y exhibiendo el aval europeo, el Gobierno español podrá endeudarse a un coste bajo.
El verdadero problema radica en que, tras la pandemia, el panorama económico va a sufrir cambios profundos. Sería absurdo obligar a las empresas a producir lo mismo que antes y con los mismos métodos y plantilla laboral. Las empresas deben saber que si mantienen el mismo nivel de empleo (aunque organizado de manera diferente) la pandemia no les supondrá costes extraordinarios. Si por, el contrario, deciden aligerar su plantilla en legítimo ejercicio de su libertad empresarial, deberán devolver parte de la ayuda recibida. Contarán, eso sí, con créditos blandos del ICO.  
Europa y España, Gobierno y oposición, sindicatos y patronal, por favor, no destruyamos el único punto de consenso en tiempos del coronavirus.