Varios casos sospechosos sobrevuelan en círculo en torno al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y a su partido, sin que ello lleve a olvidarnos de la presunción de inocencia, elemento básico del Estado de derecho y tan preterido en el juego político de nuestro país.
El ‘caso Dina’ es posiblemente el asunto más inquietante para el futuro político del vicepresidente, ya que le afecta de una forma directa y personal. Se trata de los curiosos manejos de la tarjeta de memoria del móvil de Dina  Bousselham, antigua colaboradora de líder de Podemos, ahora obsequiada con la dirección de un medio digital próximo a Podemos, que derivó en una causa que ahora circula de la Audiencia Nacional al Supremo y vuelta a empezar. Todo es oscuro en este episodio que, inevitablemente habría avanzado a su paso más veloz por los tribunales de no mediar el aforamiento de su protagonista principal, dada su condición de diputado y miembro del Ejecutivo.
La Junta de Fiscales del Supremo acaba de apuntar que de las investigaciones que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, cabe desprender la existencia de dos ilícitos. Uno de revelación de secretos con el agravante de género, y otro de daños informáticos. Sin embargo, dado el aforamiento que protege a Iglesias, los fiscales remiten de nuevo la causa al instructor para que amplíe sus averiguaciones. No se trata, por tanto, de que el Supremo rechace el asunto o  directamente lo archive por carecer de indicios suficientes para seguir con él, sino todo lo contrario. Una vez solventadas estas lagunas en la instrucción, serán los jueces del Supremo quienes decidan al respecto.
El vidrioso asunto, que implica directamente a un vicepresidente del Ejecutivo, sigue por lo tanto, paseando por los corredores de la Justicia. Iglesias, en declaraciones periodísticas, aseguró con enorme convicción, su seguridad en que el Supremo finalmente archive la causa. Ya se verá. Él sabrá por qué lo dice. En cualquier caso, de momento lo que está claro es que el Supremo ve indicios de delito en esta escabrosa causa, una circunstancia que, por supuesto, en nada favorece la figura de un vicepresidente del Ejecutivo, ni, por supuesto, la imagen del propio Consejo de Ministros.
Los tribunales prosiguen su labor, con paso recto y sin titubeos. Ahora le corresponde al juez García Castellón dar respuesta a las demandas del Supremo. Se despejarán así algunas de las más importantes incógnitas que salpican no sólo a Iglesias, sino a su partido, últimamente envuelto en varios asuntos judiciales que arrojan un importante manto de sombras y sospechas en distintos frentes. La Justicia, como siempre, tiene la última palabra.