Hace cinco años que Berta Cáceres lideró la lucha del pueblo Lenca de Honduras contra el proyecto de la represa de Agua Zarca en el Río Gualcarque. La asesinaron. Otros compañeros corrieron su misma suerte. En el 2017 la constructora renunció al proyecto. Desde entonces, año 2015, hasta el primer semestre de 2019 han sido asesinados 232 líderes indígenas de América Latina, defensores de los derechos humanos de sus comunidades. Una media de cuatro asesinatos al mes, de representantes y portavoces de las movilizaciones sociales que pueblan todo el continente suramericano, con más de 1223 conflictos territoriales contabilizados por las organizaciones regionales dependientes de Naciones Unidas. Son datos del último estudio de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe; que constata las desigualdades que sufren los más de 800 pueblos indígenas, la ‘naturalización’ de los privilegios y la persistencia de mayores niveles de pobreza y exclusión educativa, sanitaria y política, en ese 10% de la población, unos 60 millones de personas. Un informe que pone el foco en la preocupante y creciente criminalización y represión de las luchas de estas comunidades en defensa de sus territorios y sus derechos. Estos defensores ambientales se enfrentan a gigantes empresariales de las industrias extractivas: minería, hidrocarburos, energía, además de la agroindustria, explotación forestal o los negocios por el control del agua. Pero también en el terreno ilegal, sufren la violencia y los desplazamientos forzosos por parte de grupos armados y el narcotráfico que está controlando el territorio con total impunidad y relajo por parte de los gobiernos.
Las comunidades indígenas se enfrentan a la implantación de parques eólicos en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca (México); de centrales hidroeléctricas en los territorios mapuches del sur de Chile, o en los del pueblo de Ngäbe-Buglé en Panamá, a la expansión de plantaciones de pino y eucaliptus en las tierras mapuches de la Araucanía o a la mina de carbón en los territorios Wayuu en Colombia, país que lidera los asesinatos a líderes indígenas. Estos son solo algunos ejemplos, y los datos, solo los que se han podido contabilizar por las organizaciones sociales y las instituciones comunitarias. La realidad es aún peor. Los pueblos indígenas del continente americano son un estorbo para la avaricia extractivista que explota los recursos naturales arrasando el territorio. Los pueblos originarios de América aún mantienen una relación de apego y respeto por los ecosistemas, como integrantes del mismo sin un sentido de la dominación y destrucción. La tierra, los ríos o los bosques son sagrados, comunales y su protección es vital para defender sus posibilidades de desarrollo, de supervivencia pero también su propia identidad y cultura.
Mientras las altas esferas institucionales enarbolan soflamas contra el cambio climático y organizan congresos; en la América a la que hoy miramos, reprimen, criminalizan y asesinan a los que defienden la conservación del planeta y los derechos humanos. Un día como hoy, miro a esa América, a sus nuevas venas abiertas, y quiero honrar a todas y todos los que han puestos sus cuerpos y sus vidas, enfrentándose a los mayores responsables del cambio climático y la destrucción de los ecosistemas. A quienes defienden la tierra, los bosques y los ríos. A quienes defienden la vida. Porque como reza un proverbio amerindio, «sólo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, nos daremos cuenta de que no podemos comer dinero».