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Editorial

Un homenaje que humilla a las víctimas y retrata al Gobierno

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Imaginen que Tomás Gimeno, el parricida que secuestró a sus hijas y las enterró en el mar de Tenerife, apareciera vivo mañana. Y supongan que, después de pasar 16 meses en prisión, en su pueblo organizaran un acto para exigir su liberación por causas humanitarias. Inimaginable, ¿verdad? Pues eso es lo que va a ocurrir hoy en Mondragón con la connivencia de la Delegación del Gobierno en el País Vasco y la indolencia de la Audiencia Nacional. 

 El ‘ausente’ es Henri Parot, el mayor criminal en masa de la historia de España. Al asesino de la organización criminal y terrorista ETA se le han probado 39 muertes, pero se le sospechan otras tantas. Así pues, y tras 31 años en la cárcel, apenas ha llegado a cumplir ocho meses por cada vida que ha sesgado, y eso ateniéndonos únicamente a los hechos probados en sede judicial. Entre las 39 esquelas que firmó Parot figuran las de Miriam y Esther Barrera, ambas de tres años (eran gemelas); Silvia Ballarín (6 años), Silvia Pino (7 años), Rocío Capilla (12 años) y Ángel Alcaraz (17 años). Eran niños y su delito fue jugar en el patio de la casa cuartel de Zaragoza. Parot y sus secuaces los vieron, pero aún así lanzaron el coche bomba al interior de las instalaciones. Aquel crimen costó la vida a otras seis personas más.

El homenajeado hoy en Mondragón -y probablemente en otras localidades del País Vasco- con una concentración que sustituye a una marcha para tratar de disimular lo que es a los ojos de cualquier ser humano medianamente letrado, asesinó también al padre del diputado por Burgos Jaime Mateu. A José Francisco Mateu le vaciaron un cargador a 200 metros de su casa y, en su huida, Parot y su comando lanzaron una granada para que nadie se acercara a socorrer al magistrado, que murió en el acto. «Por los derechos humanos», termina la pancarta anunciada para la concentración de hoy, en la que quienes van a secundar el historial criminal de Parot piden su excarcelación al considerar que está cumpliendo una cadena perpetua encubierta. De sus víctimas, condenadas a muerte por Parot sin causa ni juicio, no dicen nada.

También resulta lacerante el lavado de manos de la Audiencia Nacional en esta causa. Los magistrados se han escondido en el argumento de que no está probado que los hechos denunciados (la marcha mutada a concentración) constituya un delito de enaltecimiento del terrorismo. Al entender de sus señorías, que con su resolución significan cuán lejos están de la sociedad, es la Delegación del Gobierno la que debe impedir el acto si lo estima oportuno, pero sucede que esa Delegación está nombrada por un Gobierno apoyado en los cinco escaños de Bildu. Ni los que se concentren hoy ni quienes lo permitan por acción u omisión acariciarán siquiera un poco de la dignidad de las víctimas. Ellas sí están en el corazón de una sociedad que hoy se revuelve entre la indignación y la incredulidad.