El Gobierno regional no descarta iniciar acciones judiciales contra quienes, a sabiendas de que están infectados de Covid-19 o pueden estarlo, pongan en riesgo la salud e, incluso, la vida de quienes les rodean. La idea la deslizó el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, como anticipo de las medidas drásticas que tiene previsto aprobar su Ejecutivo mañana, viernes, para parar este maldito virus. Manda narices. Que nuestros responsables políticos se tengan que plantear este tipo de acciones ante los tribunales para impedir que campen a sus anchas personas imprudentes e inconscientes y demuestren su falta de empatía para con la sociedad, incluidos sus abuelos, padres, hijos, sobrinos, amigos, compañeros... Y argumentos los hay. Gentes que con síntomas propios del coronavirus y hasta con positivos confirmados acuden a eventos de todo tipo y condición e infectan a quienes allí se encontraban.
Mientras el común de los mortales se pregunta cuándo estará la vacuna contra el Covid en un momento plagado de incertidumbres de toda clase -sanitaria, social, económica-, hay a quienes no les causa rubor alguno mostrar su inhumanidad, cuestionando no sólo la existencia de la pandemia, sino la validez de las mascarillas. Alas pruebas me remito: manifestación en la plaza de Colón del pasado domingo, con autorización gubernativa e inacción policial por decisión política. Si finalmente el propósito del presidente Page se convierte en norma, trabajo tendrán jueces y fiscales. Miren a su alrededor, sigan las noticias. ¿No observan atentados contra la salud pública cada día?